El funcionario que ha sido despedido de la Diputación de Valencia por fichar y abandonar su trabajo de forma continuada durante una década argumentó en sus alegaciones que evitaba subir a su puesto en el Archivo provincial porque sufría acoso laboral por parte de sus responsables.

Carles Recio esgrimió, para justificar sus ausencias, que no iba a trabajar porque sufría el mobbing que le infringían las directoras que, de manera consecutiva, han gestionado su área como jefe de la Unidad de Actuación Bibliográfica.

El expediente, que resuelve apartar del servicio a Recio, detalla de forma exhaustiva y pormenorizada que el empleado público intentó excusar su absentismo con la acusación de mobbing. Sin embargo, para los instructores, el argumento del encausado «resulta sorprendente porque la formula diez años después en el caso de la primera directora y tres años después en el caso de la segunda, alegación que resulta claramente infundada y nada consistente, pues sólo se basa en una supuesta mala relación cuya causa se desconoce pero que llamativamente afecta a las dos directoras que han ocupado el cargo en estos años».

En el informe se desmonta el mobbing que esgrimía Carles Recio porque no se podía llevar a cabo un acoso laboral si el trabajador nunca permanecía en su puesto. En concreto, se recuerda que «como es sabido la jurisprudencia exige unos requisitos mínimos para poder apreciar esta figura de acoso laboral que no se cumple en el presente caso y que resultaría difícil de aplicar dado que es difícil que las directoras del Archivo ejercieran ningún tipo de acoso hacía alguien que está ausente de su puesto de trabajo».

Tampoco admiten los instructores que se califique de acoso laboral los discrepancias con entre el trabajador y sus directoras. De hecho, recuerda que «como mantiene la citada jurisprudencia las meras discrepancias, enfados, tensiones o enfrentamientos puntuales, falta de tacto o brusquedad en el trato, que debemos recordar que en el presente caso ni siquiera constan, no pueden calificarse como mobbing, acusación que en este caso sólo se alegan tras la iniciación del presente expediente disciplinario a quien se dice ser víctima de aquellas conductas no probadas».

Los servicios jurídicos de la Diputación de Valencia preparan un informe para, cuando finalice el expediente, iniciar una reclamación por daños patrimoniales contra el funcionario que estuvo 10 años sin trabajar y que acaba de ser apartado de su plaza.

Si todo el trámite progresa, Carles Recio deberá devolver una parte importante de la cuantía recibida durante la última década por su salario en la Diputación, estipulada en 500.000 euros. Una reclamación que supondría un porcentaje cercano al 70% de esta cantidad. La entidad provincial está dispuesta a apartar de su puesto al funcionario de carrera que estuvo 10 años sin trabajar cobrando cerca de 50.000 euros brutos al año por su absentismo continuado. Si todo el trámite progresa, Carles Recio deberá devolver una parte importante de la cuantía recibida durante la última década por su salario en la Diputación, estipulada en 500.000 euros. Una reclamación que supondría un porcentaje cercano al 70% de esta cantidad.