Vox supedita su apoyo presupuestario al desmontaje del “tinglado” público andaluz

El Gobierno andaluz de PP y Cs presentó al finalizar julio las famosas auditorías sobre 54 entes públicos que conforman la conocida como 'administración paralela' de la Junta. Fue uno de los compromisos alcanzados con Vox y, aunque el partido de Santiago Abascal valora que se haya cumplido ese punto, el octavo, del acuerdo de investidura que propició el cambio político en la comunidad —“Realizar una auditoría independiente de todos los organismos de la Junta de Andalucía”—, no piensa conformarse con eso. Exige que se cumpla también el sexto: “Eliminar todos los organismos superfluos y suprimir la administración paralela”. "Es lo que firmaron", advierten, y si no se cumple, se sentarán a oír lo que les tengan que decir del nuevo Presupuesto, pero no le darán su apoyo.

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Si el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, indicó que solo habría adelanto electoral si no tenía estabilidad política, ya sabe lo que quiere Vox para que pueda agotar su legislatura. Las elecciones andaluzas tocarían en noviembre de 2022. El Gobierno asegura que quiere exprimir los cuatro años, aunque en privado admite que deberían llegar hasta la primavera, marzo del próximo año, para que vea la luz un paquete de reforma fiscal que conlleva importantes bajadas de impuestos autonómicos y una norma que consideran clave, la ley del suelo, que Vox dejó caer para rescatarla en un segundo intento. PP y Cs podrían hacerlo sin Presupuestos, prorrogando los actuales, y tirando de la llegada de fondos europeos para nuevas inversiones. Sin embargo, fuentes populares admiten que no es lo ideal, en un momento de incertidumbre económica por el covid, y remarcan que prefieren una cuentas nuevas.

Despedir a los 'enchufados'

Las auditorías encargadas a empresas privadas para tener un diagnóstico de la Administración andaluza se han convertido en un caramelo envenenado para PP y Cs. Los socios en la Junta saben, hay experiencias previas y así lo advierten los servicios jurídicos, que echar a los empleados públicos que entraron a dedo hace años en diferentes organismos no es nada fácil. Cuando el PSOE lo intentó, recibió varios varapalos judiciales, que obligaron a readmitirlos e incluso indemnizarlos y a pagarles las nóminas con carácter retroactivo. Estos trabajadores públicos, “enchufados” de los socialistas, según coinciden PP, Cs y Vox, tienen derechos adquiridos y están protegidos por la normativa laboral.

La propuesta del Gobierno andaluz, que hizo de este asunto de los 'enchufados' uno de los argumentos más potentes contra el PSOE para llegar al poder, es fusionar entes y reubicar al personal. Aunque hasta el día de su investidura el presidente, Juan Manuel Moreno, prometió un nuevo ciclo político en la comunidad que supondría “desmantelar todas las redes clientelares del PSOE”, cuando aterrizó en San Telmo se comenzó a digerir la realidad. Son empleados públicos con una serie de derechos. En aquel momento, se habló de que cesarían automáticamente 660 altos cargos, eventuales y directivos, pero no se despejó qué ocurriría con los 295 entes instrumentales que suman 25.930 trabajadores y absorben 3.600 millones de euros del Presupuesto. Pronto se asumió que despedirlos, aparte de ilegal, podría salir más caro en indemnizaciones que reordenar el sector público y hacerlo eficiente, según dijeron después.

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En plena sequía informativa de agosto y con un Parlamento cerrado por vacaciones, el portavoz de Vox, Manuel Gavira, convocó una comparecencia para reclamar al Gobierno andaluz que una vez que tiene el diagnóstico del sector público pase de las palabras a los hechos. Confían en sentarse con la Consejería de Hacienda y analizar caso por caso cuáles van a ser las medidas a adoptar. Si el Ejecutivo los llama y les invita a negociar el Presupuesto de 2022, acudirán con voluntad de acuerdo, dijo Gavira, pero con condiciones. La primera, esa, la del cumplimiento de los compromisos firmados. Reclaman desmontar “el tinglado” que alimentó el PSOE, en palabras del partido de ultraderecha, y “echar a enchufados, familiares, amigos y colegas”. Admiten que hay dificultades jurídicas, pero aseguran que no es imposible, “ni mucho menos”. Añaden además que hay informes de estas auditorías que están edulcorados o rebajados para no tener que adoptar medidas drásticas. Eludieron decir a qué entes se refieren. “Exigimos un trabajo jurídico preciso e ir caso a caso”, señalaron.

En lenguaje mucho más belicoso que el de su portavoz se pronunció el diputado Rodrigo Alonso, que, aludiendo a la conmemoración del fusilamiento de Blas Infante este martes, escribió en su cuenta de Twitter: “Dejad de homenajear a separatistas islámicos y empezad a limpiar la Junta de enchufados, corruptos y sindicalistas mafiosos”.

Vox se mostró contrariado por las declaraciones del vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), que en una entrevista en ‘Diario de Sevilla’ admitió que “no es posible despedir a estos enchufados” y que habría que reubicarlos. “Si esto es así, se lo tendrán que explicar a sus votantes, porque es lo contrario de lo que han venido diciendo hasta ahora”, señaló el portavoz parlamentario del partido de ultraderecha. “Hay gente mano sobre mano, que no va a trabajar o que no tiene la cualificación necesaria para desempeñar sus funciones”, agregó Gavira, exigiendo soluciones.

Varios ultimátums

No es la primera vez que Vox condiciona su apoyo a los Presupuestos andaluces a eliminar sociedades públicas. Ya lo hizo con las cuentas de 2020, cuando exigió suprimir un total de 150 entes. Al final, cedió. También condicionó su apoyo a la ley presupuestaria del siguiente ejercicio, 2021, tras el enfrentamiento de Pablo Casado y Santiago Abascal por la moción de censura y en contra de las restricciones covid. También cedió. La diferencia es que ahora pide abiertamente un adelanto electoral en Andalucía, convencido de que mejorará resultados, será imprescindible para formar Gobierno con el PP y de que le sonríen las encuestas, a diferencia de lo que ocurre con Cs.

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Vox, que aún no tiene candidato para la Junta, se ratificó en pedir elecciones. “Queremos que sean los andaluces los que decidan”, señalaron, seguros además de que “el PP nacional está dando pasos decididos para forzar esa convocatoria”. “Por nosotros que sea lo antes posible”, insistió su portavoz parlamentario.

Otro de los flancos con los que presionará al Gobierno será el de la ley de educación, cuyo desarrollo curricular, aún en fase de borrador, está en marcha y ha desatado una gran bronca política, sobre todo de la mano de la asignatura de Valores Cívicos y Éticos. La consejería del ramo en Andalucía está en manos de Cs y Vox confió en que el Ejecutivo cumpla con su promesa de “dejar que los padres elijan en libertad”. De hecho, el llamado pin parental ha sido otro de los caballos de batalla en la legislatura. “Esperemos que el Gobierno no se rebaje y no dé su brazo a torcer en otro tema más”, aseguró Gavira, aludiendo al desarrollo en la comunidad de la futura ley Celaá.