Operación Titella

El notario de José Luis Moreno cobraba 10.000 euros mensuales por dar credibilidad a sociedades pantalla

José Luis Moreno
El productor José Luis Moreno con objetos incautados en la operación Titella.

Enrique Beltrán, el notario que fue detenido el pasado 29 junio en el marco de la Operación Titella, cobraba de la organización criminal supuestamente dirigida por el productor de televisión, José Luis Moreno, un sueldo mensual de 10.000 euros. Su misión era dar credibilidad a las sociedades pantalla protocolizando operaciones como fedatario público.

Así queda reflejado en el atestado policial de su detención y que describe que su función en la red del ventrílocuo era la de protocolizar aquellas operaciones que el otro cabecilla de la trama, Antonio Aguilera, le presentaba.

Se involucraba «personalmente» en la actividad de la organización, aseveran los agentes, «adquiriendo participaciones sociales y recibiendo nombramientos en los órganos de administración para así conseguir una mayor financiación y de manera más fácil al figurar un notario en las mismas».

Notario compartido con la red de drogas

Esas sociedades carecían de actividad y eran utilizadas además para llevar a cabo el blanqueo de capitales procedente de la actividad delictiva. Y en el atestado se recuerda que el notario realizaba esta misma actividad para la organización de Carlos José Brambilla Ulloa, quien supuestamente dirigía una red de tráfico de drogas.

La clave de su participación en el entramado radica en que, como notario, Beltrán no exigía la documentación necesaria que justificara las operaciones presentadas por Aguilera, Bambrilla y otros miembros, y que él protocolizaba.  Protocolizar un documento es la acción por la que un notario público autoriza un documento o un acto dentro de un instrumento notarial y lo incorpora a una escritura matriz.

Explican además que el hecho de que Beltrán figurara en los órganos de administración de diversas mercantiles tenía por objetivo dar credibilidad «a sociedades pantalla carentes de actividad».

Y añaden que sus beneficios los obtenía del cobro mensual de 10.000 euros y de que la organización ponía a su disposición un despacho por el que no pagaba nada en la calle Fernández de la Hoz (Madrid).

Nuevas formas de blanqueo

Si bien desde que estalló la operación se supo que había un notario implicado —además de varios empleados de banca—, ahora en el atestado se detalla que le imputan pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. Además, queda negro sobre blanco cuál era su papel en el entramado y es que, dados sus conocimientos, «participaba de forma activa en la búsqueda de nuevas formas del blanqueo del dinero en efectivo de procedencia presumiblemente ilícita».

Entre los hechos que los agentes le describieron en el momento de su detención incluyeron que no había cumplido con su deber como sujeto obligado por la ley relativa al blanqueo de capitales, y que había «favorecido y colaborado en la ocultación y reintegración de los beneficios obtenidos por la organización con su actividad delictiva».

El día en el que se fue detenido, Beltrán se mostró partidario en un principio de declarar en dependencias policiales, pero una vez que fue asistido por su letrado en la comisaría cambió de parecer y dejó sus explicaciones para cuando fuera llamado por la autoridad judicial.

Moreno era «perfecto conocedor»

Quien sí se mostró partidario de realizar una primera declaración ante los agentes fue Antonio Aguilera, uno de los líderes de la organización, quien cuando fue preguntado sobre si José Luis Moreno era conocedor de la operativa que se llevaba a cabo con las diferentes mercantiles con las que se pedía financiación bancaria, respondió que el afamado ventrílocuo televisivo sabía que «alguna de las empresas no tenían actividad ninguna».

Es más, apuntó que Moreno era «perfecto conocedor de la forma ilegal de solicitud de financiación y que además participaba activamente manteniendo reuniones con los empleados y directores de banca, aprovechando su imagen pública para que estos les proporcionasen la financiación».

De Aguilera, el atestado policial de su detención dice que de él dependían multitud de colaboradores que le ayudaban a gestionar presuntamente el entramado empresarial simulando estar dotado de solvencia económica y emitiendo facturación ficticia. Añaden que utilizaba administradores testaferros como caras visibles de las sociedades a la hora de ponerse en contacto con las entidades bancarias y conseguir financiación fraudulenta.

Más tarde, iba transfiriendo los ingresos procedentes de las mismas a las distintas sociedades a través de pagarés, traspasando los fondos para evitar su localización.

También recuerdan que sería el encargado de blanquear dinero en efectivo en las entidades bancarias para lo que se valdría de la colaboración de empleados de banca «que enmascararían la procedencia del dinero», así como de ‘mulas’ encargadas de traer el dinero de la organización desde distintas partes del territorio nacional e internacional.

En este punto, recuerdan que habría trabajado para Brambilla en el blanqueo del dinero procedente del tráfico de drogas a través de diversas sociedades, y para José Luis Moreno consiguiendo créditos de forma fraudulenta con el pretexto de financiar proyectos cinematográficos y posteriormente utilizando ese dinero en su propio beneficio.

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