El Gobierno prohibió el 8-M con un informe de Madrid con datos erróneos

El pasado 3 de marzo, la Delegación del Gobierno decidió prohibir todas las concentraciones y manifestaciones programadas como cada año para el Día de la Mujer. En ese momento, ya había decenas de marchas convocadas, pero, a diferencia de otras protestas celebradas antes y después de ese día, la Delegación consideró que llevar las reivindicaciones feministas a la calle podía suponer un problema de salud pública. Era la segunda vez que lo hacía en unos días. El 25 de febrero ya había prohibido tres reuniones, decisión que contó con un informe de la Comunidad de Madrid que afirmaba que la situación sanitaria estaba empeorando, cuando no era así.

El 7 de febrero, llegó a la Delegación un escrito que comunicaba una manifestación para el 8 de marzo con inicio en cuatro puntos de la capital y confluencia en la plaza de Colón. Su organizadora, la Comisión Feminista 8 de Marzo, preveía la asistencia de 10.000 personas. Para ese mismo día, también estaban convocadas otras manifestaciones por el Sindicato de Estudiantes (de 450 personas) y la Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por Coronavirus (6.000). Todas fueron prohibidas.

Para hacerlo, la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, establece que la autoridad competente debe motivar su resolución. En el caso concreto de esas tres manifestaciones, la Delegación del Gobierno se apoyó en un informe elaborado por la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid que se centraba en el impacto que podría tener en la evolución de la pandemia la manifestación de 10.000 personas, según el documento al que ha tenido acceso El Confidencial tras una solicitud de acceso a la información pública.

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En él se hacía un repaso a las medidas adoptadas a nivel nacional y autonómico, se señalaba que las medidas correctoras (distancia, mascarilla, gel hidroalcohólico) propuestas por el organizador podrían ser insuficientes y se concluía: "Valorada la propuesta de las organizadoras cuando el evento plantea una duración de tres horas y media, entre las 17:30 horas y las 21.00 horas, en constante movimiento, con un número de asistentes elevado (10.000 personas), supone un aumento exponencial del riesgo de contagio entre los mismos".

Además, el informe firmado por la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, añadía lo siguiente: "Por ello, teniendo en cuenta la situación epidemiológica en la que se encuentra la Comunidad de Madrid, con una tendencia creciente y progresiva de casos positivos con el correlativo aumento de la tasa de incidencia acumulada, debe evitarse la celebración de eventos que comporten un elevado número de participantes para evitar la expansión incontrolada de esta enfermedad y proteger así a la población".

El 24 de febrero, la Comunidad de Madrid estaba en una situación muy grave. La incidencia acumulada a 14 días se situaba en los 321 casos por 100.000 habitantes y la ocupación de las UCI por enfermos de covid-19 era del 44%. En ambos casos, por encima del umbral de riesgo muy alto. Pero no es cierto que los casos estuvieran aumentando y con ello también la incidencia acumulada.

En la tercera ola, la incidencia tocó techo el 27 de enero, con 1.013 casos por cada 100.000 habitantes. A partir de ahí, cayó sin interrupción hasta los 225 casos del 15 de marzo, cuando volvió a cambiar la tendencia. Si se tiene en cuenta solo el número de casos, y utilizando una media móvil de siete días para suavizar los picos, el 24 de febrero llevaba un mes descendiendo.

Ambos datos están calculados a partir de la información de casos por fecha de diagnóstico notificados por la Comunidad de Madrid a través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) y publicados por el Instituto de Salud Carlos III. Son cifras más consolidadas que las publicadas a diario por el Ministerio de Sanidad porque se corrigen los retrasos, pero son muy parecidas y no modifican la conclusión. El Confidencial se ha puesto en contacto con la Consejería de Sanidad madrileña para preguntar en qué datos se basó para concluir que la situación estaba empeorando, pero no ha obtenido respuesta.

Según la Comisión Feminista 8 de Marzo, convocante de los principales actos que iban a tener lugar ese día, tras la primera prohibición de manifestación y después de un encuentro con la Delegación del Gobierno y la autoridad policial, decidieron bajar la previsión de personas convocadas de las 10.000 iniciales a un máximo de 500. Además, modificaron los actos previstos ese día, y en lugar de confluir en un solo lugar, se realizarían concentraciones separadas en cuatro puntos de la ciudad. Sin embargo, esta segunda solicitud fue también rechazada.

En esa ocasión, los argumentos sanitarios de la Delegación del Gobierno son más profusos, a pesar de no contar con un informe específico de la Dirección General de Salud Pública madrileña (había solicitado uno nuevo, pero no lo recibió antes de emitir la resolución). El organismo, dirigido en aquel momento por José Manuel Franco, apuntó a la situación de riesgo extremo en que se encontraba la comunidad, el peso creciente de las nuevas variantes del virus, la evolución más lenta de la región con respecto al resto del país o las características propias de una gran zona metropolitana como razones para prohibir las manifestaciones. Razones luego respaldadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en sus sentencias del 6 de marzo.

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En su resolución, la Delegación también explicó que propuso que las manifestaciones fueran virtuales, desde los balcones o desde vehículos, y cuestionó la postura de los organizadores. "La intención no es la de buscar alternativas que permitan reivindicar la causa (se han realizado en vehículos, de manera virtual o desde los balcones), sino salir a la calle de forma masiva. Así queda demostrado al constatar que el total de concentraciones y manifestaciones para ese fin de semana es de 104, muchas de ellas con volúmenes de asistencia importantes para la situación en la que se encuentra la Comunidad de Madrid".

De esas 104 manifestaciones y concentraciones convocadas en la región los días 7 y 8 de marzo, 96 fueron prohibidas (todas por motivos sanitarios) y ocho inadmitidas a trámite. La mitad, 57, iban a celebrarse en la ciudad de Madrid, y el resto, en otros municipios de la comunidad. Solo cinco preveían una asistencia de más de 500 personas, pero la Delegación no hizo ninguna criba. Por ejemplo, la resolución que prohibió una manifestación de 300 personas en Rivas-Vaciamadrid, la única convocada en ese municipio, decía que "la información recabada de la Policía Nacional al respecto manifiesta que no puede garantizarse que no exista riesgo del agrupamiento de varias concentraciones o manifestaciones relativamente próximas independientemente del lugar o formato de la convocatoria".