MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Senado, Pilar Llop, ha avisado este sábado de que si los diputados y senadores faltan a la verdad sobre el contenido de las declaraciones de intereses económicos que tendrán que presentar en ambas Cámaras en los próximos meses esto tendrá "consecuencias importantes".
En una entrevista con el programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, Llop ha explicado son los parlamentarios los responsables de la información que proporcionen en sus declaraciones de intereses, pero ha advertido de que "se pueden derivar consecuencias importantes" en caso de que falten a la verdad, sin especificar cuáles.
Hasta ahora, los diputados y senadores debían rellenar dos formularios con la recogida de sus credenciales: uno con sus bienes y patrimonio, otro con sus actividades extrarparlamentarias. A partir de ahora tendrán que cumplimentar también una declaración de intereses económicos.
Los parlamentarios que ya tienen su acta aún tienen un amplio margen para hacerlo, puesto que las Mesas de ambas Cámaras han acordado darles de plazo hasta el próximo 1 de febrero, cuando arranca el nuevo periodo de sesiones. Todas estas declaraciones quedarán publicadas, como ya lo están las de patrimonio y actividades, en la webs de cada Cámara.
Así se acordó el pasado jueves en la reunión que los órganos de gobierno de ambas cámaras mantuvieron para aprobar el Código de Conducta de las Cortes Generales, una medida "necesaria", según Llop, en tanto que responde a las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), que exigían "más transparencia" en el ámbito parlamentario en la lucha contra la corrupción.
El Congreso, bajo la Presidencia de la 'popular' Ana Pastor, ya aprobó en febrero de 2019 el Código ético para los diputados, aunque no llegó a aplicarse. Lo hizo a instancias del GRECO, que después conminó a las autoridades españolas a extenderlo también al Senado.
El nuevo Código introduce algunos cambios respecto al del Congreso, como la creación de una única Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes, que, a diferencia de lo que ocurría para que la que ideo para la Cámara Baja, no tendrá competencias para comprobar "la veracidad del contenido" de las declaraciones de intereses que rellenaran sus señorías, la futura Oficina única no las tendrá.
Esta oficina tendrá su sede en el Congreso y estará encabezada por un letrado con experiencia en esta materia que será nombrado por las Mesas de ambas Cámara con rango de director general. Su labor será resolver las dudas de interpretación que genere la aplicación del Código que podrán ser planteadas por los parlamentarios o por las Mesas.
Tendrá que actuar "con total reserva respecto de las dudas planteadas" y elaborar un informe anual sobre el cumplimiento del Código, pudiendo hacer recomendaciones para mejorar su eficacia, pero manteniendo en todo momento "la confidencialidad sobre los casos que hayan planteado dudas de interpretación".
Además, en cada una de las Cámaras se creará un Registro de Intereses que dependerá directamente de la Presidencia, aunque su gestión administrativa corresponderá a los órganos competentes de la Secretaría General de cada una de ellas.
NO A LOS REGALOS DE MÁS DE 150 EUROS
Los parlamentarios no podrán aceptar regalos, favores o servicios que les sean ofrecidos por su cargo o pueda entenderse que buscan influir en su labor parlamentaria y que superen los 150 euros. Tampoco podrá hacerlo "su entorno familiar".
En la declaración de intereses económicos tendrán que informar de las actividades que hayan desarrollado durante el lustro anterior a su desembarco en las Cámaras. Si se trata de actividades por cuenta ajena, precisando el nombre de sus empleadores y el sector de la actividad.
También deberán comunicar las donaciones, obsequios y beneficios no remunerados de cualquier naturaleza que hayan obtenido para sí, en el mismo periodo, incluyendo viajes e invitaciones a actividades culturales o deportivas que, por su valor económico o cualquier otra circunstancia puedan ser relevantes a efectos de un eventual conflicto de intereses.
Además se obliga a los parlamentarios a informar también de las fundaciones y asociaciones a las que contribuyan o hayan contribuido ya sea económica o altruistamente.
INFORMAR SI HAY CONFLICTO DE INTERESES
Cuando exista un conflicto de intereses, el parlamentario deberá informar del mismo a la Presidencia del órgano correspondiente antes del inicio del debate del asunto que le afecte. Si duda de que exista o no, podrá dirigirse, "con carácter confidencial", a la Mesa de la Cámara correspondiente para que resuelva lo que proceda, pudiendo pedir un informe a la Comisión sobre el Estatuto de los Diputados o a la de Incompatibilidades del Senado.
La Presidencia de cada una de las Cámaras, de oficio o a petición de otro parlamentario, podrá solicitar la apertura de un procedimiento para dilucidar si se ha producido una infracción del código por parte de un parlamentario, especialmente en el caso de conflicto de intereses.
Las encargadas de elaborar un informe sobre la posible infracción
serán la Comisión del Estatuto de los Diputados o a la Comisión de Incompatibilidades del Senado, que deberán escuchar al afectado y podrán en recabar informe de la Oficina de Conflicto de Intereses correspondiente.
El informe de la comisión deberá concluir si ha existido o no infracción y, proponer, en su caso, la sanción que corresponda de acuerdo con el Reglamento de la Cámara. Serán las Mesas del Congreso y el Senado, respectivamente, las que resuelvan si se impone o no sanción.
Asimismo, el nuevo Código remarca que cuando los parlamentarios viajen atendiendo invitaciones "personales o particulares" o que provengan de entidades privadas y esos desplazamientos no cuentan con autorización de las Cámaras "se abstendrán de hacer uso de su condición para asumir una representación oficial de las Cámaras" y en todo caso cumplirán el código ético.
