Cinco trabajadores a órdenes de Franco y tres convocantes de manifestaciones ratifican sus declaraciones ante la Guardia Civil
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Los ocho testigos que han comparecido en la mañana de este jueves ante la juez que instruye la denominada causa del 8-M --cinco trabajadores de la Delegación del Gobierno y tres convocantes de manifestaciones en días cercanos a la fecha de la marcha feminista-- han ratificado este jueves el contenido de las declaraciones que realizaron en su día ante la Guardia Civil, confirmando que desde las oficinas a cargo de José Manuel Franco se llamó telefónicamente a sus organizaciones pidiendo que anularan los actos por la situación sanitaria.
Así lo han resumido fuentes presentes en las diligencias celebradas ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51, que continúan desde las 15.00 horas con la comparecencia de otras siete personas que también informaron a la Delegación del Gobierno durante dichas jornadas de su intención de celebrar concentraciones y manifestaciones en Madrid.
En la causa se investiga una presunta prevaricación administrativa cometida por Franco por el desarrollo de la celebración de concentraciones multitudinarias entre los pasados 5 y 14 de marzo, entre ellas la marcha del 8-M.
Le acusan por el momento dos asociaciones en el ejercicio de la acción popular en relación con la actuación de su departamento durante los días previos a la declaración del estado de alarma por la pandemia de covid-19, mientras que la Fiscalía no ve delito. Se trata de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional.
ALERTADOS POR RIESGO DE CORONAVIRUS
Tras las declaraciones únicamente ha comparecido ante los numerosos periodistas que esperaban a las puertas del tribunal el presidente de APAG Extremadura ASAJA, Juan Metidieri Izquierdo, para explicar que ha confirmado ante la juez Carlos Rodríguez Medel que la Delegación del Gobierno llamó al abogado de su organización días después del 8 de marzo y antes de que se declarara el estado de alarma por la pandemia del coronavirus, para instarle a que desconvocara la tractorada que habían organizado desde Extremdura a Madrid por motivos sanitarios.
El presidente de ASAJA ha explicado que su organización había soicitado anteriormente otra protesta, fijada el 2 de marzo, para reivindicar la mejora la situación del sector agrario ante la vivienda del vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, en Galapagar (Madrid), si bien en este caso la Delegación del Gobierno les comunicó por escrito la denegación del permiso por vulneración al derecho a la intimidad, no por razones sanitarias.
No obstante, ha añadido que ASAJA tenía también planteado realizar una tractorada entre Extremadura a Madrid para la semana del 24 de marzo si bien, "entre el 12 y el 14 de marzo", sí que recibieron una llamada de la Delegación del Gobierno para que renunciara por motivos sanitarios. La organización se negó a desconvocar, y Metidieri Izquierdo ha señalado que el 16 de marzo, dos días después de la declaración del estado de alarma, recibieron la notificación de que no podía celebrar su manifestación.
AVISOS QUE CUADRAN CON LA PERCEPCIÓN DE FRANCO
Las fechas sobre las llamadas preventivas por covid-19 que aporta este testigo cuadran con lo manifestado este miércoles por el propio Franco, al reconocer que no tuvo constancia de la percepción del riesgo del coronavirus hasta el 9 de marzo, un día después de la marcha feminista. Hasta ese momento, la línea de defensa seguida por la Abogacía del Estado -que le representa en este proceso-, pasaba por asegurar que la Delegación no recibió ninguna alerta sanitaria de organismos nacionales o internacionales antes del 14 de marzo, víspera de la declaración del estado de alarma.
En la sesión de la tarde comparecerán los promotores de otras siete manifestaciones convocadas en marzo a los que supuestamente llamaron funcionarios de la Delegación del Gobierno para instarles a que las suspendieran. Declararán Diana Chnaiker, de la Asociación de Personas Aptas Sin Ayuda de Alquiler; María Teresa Martínez, de Defensa del Sistema Público de Pensiones de Getafe; Pedro Gallego, de la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón; Antonio O'Connor, del sindicato CGT Madrid; Luis Concha, del Colectivo de Afectados de Forum Afinsa; Moisés Fernández, de CGT Amazon; y Santiago de la Iglesia, del sindicato Oficios Varios del Sur CGT.
