Jupol presentó una querella por los presuntos delitos de prevaricación y contra los derechos de los trabajadores
MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
La juez que ya rechazó la semana pasada investigar al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAE), Fernando Simón, tendrá que estudiar si admite a trámite o archiva la querella presentado por el sindicato del Cuerpo Nacional de Policía Jupol contra éste y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por su gestión de la pandemia del coronavirus.
Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, la querella presentada también contra altos caros de Sanidad y de la Policía Nacional por los presuntos delitos de prevaricación y contra los derechos de los trabajadores ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid.
La titular de este juzgado, María del Coro Monrela, inadmitió la querella presentada por la Asociación Española de Víctimas y Damnificados por el Covid-19 (ADAVIC-19) contra Simón al considerar que los hechos que se le imputaban no son constitutivos de los delitos de homicidio imprudente, lesiones, prevaricación y denegación de auxilio, que se le atribuían.
Además, la magistrada afeó que la intención de la querella era abrir una causa general por las muertes derivadas del virus y que se pretendía una investigación prospectiva.
PRIVAR A LA POBLACIÓN DE INFORMACIÓN
Jupol apunta a Simón al entender que el centro que dirige no adoptó ninguna medida de seguridad cuando elaboró un informe técnico sobre el coronavirus, con fecha del pasado 10 de febrero, y "privó a la población de la información que se contenía en dicho informe".
Asimismo, la querella va dirigida contra el subsecretario de Estado de Sanidad, Alberto Herrera Rodríguez; y la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, Pilar Aparicio Azcárraga. El sindicato critica que la gestión de los altos cargos de Sanidad porque "los servicios sanitarios de todas, o de la mayor parte, de las Comunidades Autónomas se han visto, y así permanecen en algunos casos, desbordados, tanto a nivel de personal como de material sanitario".
En este contexto, lamenta la falta de anticipación de las autoridades sanitarias que ha provocado escasez de mascarillas, guantes, trajes de protección, etc., tanto para el colectivo sanitario como policial.
Por otro lado, la querella, de 59 páginas, hace hincapié en la gestión de la Delegación del Gobierno en Madrid y subraya que en las semanas anteriores a la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, "se permitieron en España la celebración de eventos multitudinarios sin que las autoridades competentes encargadas de velar por la seguridad en las mismas tomaran ningún tipo de medida para evitar el contagio de covid-19, advirtieran de los riesgos a los ciudadanos que asistieron a los mismos o, directamente, acordaran su suspensión o cancelación".
NUMEROSOS EVENTOS MULTITUDINARIOS
En este sentido, afirma que en el fin de semana del 6 al 8 de marzo, "las autoridades contaban con sobrada información que recomendaba la adopción de medidas de contención y de distanciamiento social, siendo numerosas las recomendaciones de organismos sanitarios que apuntaban a la 'evitación de las aglomeraciones'".
Aún así se permitieron en todas las ciudades de España la celebración de "numerosos eventos multitudinarios", indica Jupol, que recuerda que en Madrid, los museos, teatros, cines permanecían abiertos, se disputaron eventos deportivos y Vox celebró el 8 de marzo en el Palacio de Vistalegre un congreso de la formación política.
También destaca que ese mismo día tuvo lugar en la capital la manifestación por el Día Internacional de la Mujer "sin que se advirtiera a los asistentes, ni a los agentes de servicio, del riesgo de contagio en que incurrían, sin que se facilitaran mascarillas o guantes, o se recomendara su uso, en fin, sin que se tomara una sola medida de prevención o evitación del contagio de covid-19".
RIESGO PARA LOS POLICÍAS
En este sentido, asegura que la celebración de estos eventos expuso a los agentes de la Policía Nacional que tuvieron que participar en el ejercicio de sus funciones a un "elevadísimo riesgo de contagio del que fácilmente podría haberse prescindido si se hubieran atendido las abrumadoras advertencias con las que se contaba en dicha fecha".
Por último, señala la falta de prevención del riesgo de contagio dentro de la Policía Nacional, por lo que dirige la querella también contra el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz; el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras; la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional, Pilar Allué Blasco; el director adjunto operativo de la Policía Nacional, Ángel González Jiménez; y el subdirector general de Logística e Innovación de la Policía Nacional, José García Molina.
Jupol reprocha a los altos cargos de la Policía la "ausencia de cualquier directriz o plan coordinado en la prevención del covid-19", así como la falta de aprovisionamiento de material. "Desde la
Dirección General de la Policía se omitió, de enero a marzo, cualquier prevención organizativa dirigida a evitar el contagio de los agentes, entre éstos trabajando conjuntamente y entre ellos y sus familias", indica el sindicato policial.
OTRAS CAUSAS CONTRA FRANCO Y SIMÓN
Franco ya se encuentra investigado por un delito de prevaricación administrativa en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid por permitir la celebración de concentraciones multitudinarias entre los días 5 y 14 de marzo, entre ellas la marcha por el día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, pese a las advertencias de riesgo de contagio.
En esta causa, las acusaciones populares también han intentado que se imputara a Fernando Simón, pero la juez Carmen Rodríguez-Medel ya ha avisado en varias resoluciones que no va a investigar al portavoz del Ministerio de Sanidad en la gestión de la crisis sanitaria porque "los únicos hechos investigados en este procedimiento" hacen referencia a las decisiones tomadas por José Manuel Franco, como autorizar el 8-M.
Por otro lado, Simón ha sido objeto de otras querellas en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla interpuesta por familiares de fallecidos por covid-19. Además de la titular del Juzgado de Instrucción número 34, el juez del número 11 de Madrid acordó también, incluso sin pedir informe al fiscal, archivar directamente la causa al considerar que los hechos imputados no son objeto de delito.
