Es sorprendente que con el gusto que ha demostrado Sánchez por acaparar poderes excepcionales y por aprovechar el estado de alarma como coartada para legislar vía decreto ley cuestiones que nada tienen que ver con la crisis sanitaria, su ministra de Educación en cambio tenga tan escasa capacidad o voluntad para tomar decisiones. Celaá lleva semanas haciendo dejación de funciones y no ha asumido la responsabilidad que su Ministerio tiene para fijar unos criterios comunes en la enseñanza en toda España que impida que cada región se rija por bases distintas. Y ahora ha vuelto a sembrar confusión y a sumir en la más profunda incertidumbre a los responsables de los centros educativos al instarles a que acometan obras en verano para poder acoger alumnos en septiembre, a la vez que deja caer que quizá haya que priorizar a unos estudiantes sobre otros situándolo todo en un limbo de difícil comprensión.
Educación va muy por detrás de los acontecimientos. Y sigue sin dar directrices claras. En todo caso, como se ha visto en casi todos los países de nuestro entorno, garantizar la vuelta al colegio de todos los alumnos con la mayor normalidad posible debe ser una prioridad en España, máxime cuando la pandemia parece empezar a estar bajo control.
Conforme a los criterios de