Escuchar“Rayamos lo nuestro”, dice una de muchas leyendas pintadas con aerosol en las paredes del nuevo edificio de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. A la estupidez del acto se suma la del mensaje. No, lo rayado no es de los estudiantes empeñados en afear el edificio. Es del pueblo de Costa Rica, con cuyo sudor e impuestos se construye la infraestructura universitaria.
La universidad no es de la minoría vandálica. No son ellos quienes la construyeron y mucho menos pueden arrogarse el derecho a destruirla. Hacerlo es una bofetada al país. Costa Rica entera paga por los edificios y se verá obligada a pagar, también, por la reparación de los daños. Los supuestos “propietarios” de lo rayado no se preocuparán por eso.
La universidad es nuestra, de quienes pagamos para construirla, y también de los estudiantes, cuya mayoría no ha tenido la oportunidad de aportar recursos para su desarrollo y mantenimiento. Su turno llegará, como llegó el de sus padres, pero todavía les toca agradecer más que adueñarse del esfuerzo ajeno, sobre todo si la apropiación se hace para proclamar un absurdo derecho a destruir el patrimonio común.
La frase es reveladora. Quien la escribió parece desconocer el origen y destino de los fondos asignados a las universidades. Se cree dueño porque está matriculado. Reclama la propiedad de la infraestructura universitaria porque se la encontró, como lo haría un niño con un balón abandonado, y, como no le costó nada, tampoco le duele dañarla.
Ojalá entendiera que a otros, incluidos sus familiares, les cuesta. Todas las capas de la población pagan impuestos. Los más necesitados contribuyen menos, según lo ordena la justicia, pero también ellos hacen sacrificios para construir y mantener las paredes ahora rayadas. Los recursos del Estado son limitados y la inversión en un rubro debilita el financiamiento de los demás.
La población menos favorecida tiene mayor necesidad de recibir servicios que compiten por financiamiento con los centros de estudio. La infraestructura de la educación superior ni siquiera pertenece en mayor medida a quienes pagan impuestos, sino, también, a quienes reciben servicios limitados para permitir el desarrollo y mantenimiento de las universidades. En el propio sector educativo hay competencia por los recursos y las autoridades están obligadas a definir prioridades. El país invierte un 8 % del producto interno bruto (PIB) en educación. Eso lo coloca en un lugar de privilegio en el mundo. La inversión nacional es proporcionalmente mayor que la de los 35 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En la región latinoamericana, los datos no admiten comparación. Entre el 2011 y el 2016, el gobierno gastó, en promedio, alrededor del 6,8 % del PIB en educación preescolar, primaria y secundaria. Argentina solo dedicó el 1,6 % a esos fines; Brasil, 1,3 %; Chile, 4,3 %; y, en general, la región gastó un 3,8 %.
El resto del gasto fue a las universidades, pero sus sistemas de remuneración y privilegios crecen a un ritmo imposible de sostener, como lo vienen señalando las propias autoridades académicas y, muy dramáticamente, las de la Universidad Nacional. En el 2028, el presupuesto de ese centro de educación solo alcanzará para pagar salarios.
Las sumas dedicadas a la educación superior compiten con los recursos disponibles para el resto del sistema. Por ejemplo, entre el 2012 y el 2017, el país apenas destinó el 5,9 % de su inversión educativa al ciclo preescolar. Los países de la OCDE dirigieron el 9,7 % de su gasto a esa etapa formativa, considerada vital por los expertos. Ahora, la competencia por recursos también se da entre las universidades. El Instituto Tecnológico y la Universidad Estatal a Distancia reclaman una mejor distribución del Fondo Especial para la Educación Superior, destinado en su mayor parte a la Universidad de Costa Rica.
Las universidades se construyen con el esfuerzo de todos, el pago de impuestos y también la definición de prioridades, es decir, la satisfacción de algunas necesidades dejando otras insatisfechas o, cuando menos, no tan resueltas como podrían estar si los recursos fueran ilimitados o las necesidades, menos. Si el autor de la frase groseramente pintada en las paredes del edificio de Ciencias Sociales no lo entiende, quizá sea porque la generosa inversión de los costarricenses en el sistema educativo no tiene la eficacia deseada, pero ese es otro tema.
