Gobierno y diputados presentan proyectos para proteger a ahorrantes

Diputados de oposición y el gobierno presentaron, por separado, dos proyectos de ley con el fin de crear un seguro de garantía para los depósitos de los ahorrantes.

Se trata de la creación del Fondo de Garantía de los Depósitos (FGD), el cual cubriría cada depósito hasta por un monto de ¢6 millones.

El mismo monto está contemplado en ambas iniciativas, dado que el texto base estuvo a cargo del Banco Central de Costa Rica (BCCR). No obstante, difieren en cuanto a las entidades que deben generar el seguro.

"La garantía será por depósito, por persona y por entidad, independientemente de la moneda en que se encuentre constituido. No se diferenciará el monto garantizado entre bancos, financieras y cooperativas. Los depósitos garantizados solo se pagarán al titular original.

“Se excluyen de la cobertura los depósitos al portador, las emisiones de valores de las entidades, así como los depósitos de personas vinculadas a la entidad, por el evidente conflicto de interés”, dice textualmente ambas propuestas.

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También, coinciden en que, en parte, el financiamiento del FGD provendría de contribuciones obligatorias que realizarán las entidades financieras cubiertas, así como de sus propias utilidades.

Las contribuciones periódicas no podrán exceder el 0,15% anual de los depósitos garantizados de cada entidad.

Además, será respaldado por los recursos del encaje mínimo legal y la reserva de liquidez de los intermediarios financieros, siempre que no se alcance el nivel de estabilidad de largo plazo del fondo.

Sin embargo, los dos textos difieren sobre las entidades que deben de crear ese seguro para los ahorrantes.

El proyecto presentado por los diputados, este jueves, incluye a los intermediarios financieros supervisados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). Es decir, cubre a la banca pública y privada, cooperativas, asociaciones solidaristas y cajas de ahorro; excepto el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y las mutuales de ahorro y crédito.

Esa iniciativa fue respaldada por diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Integración Nacional (PIN), Republicano Social Cristiano (PRSC), el bloque Nueva República, y el independiente Erick Rodríguez;

En tanto, la propuesta del Poder Ejecutivo presentada este mediodía excluye a la banca estatal representada por el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Nacional (BN), además del Banhvi, mutuales y cooperativas asociadas afiliadas a un fondo de garantía de depósitos que cubra a sus ahorrantes.

De convertirse en ley alguno de los dos proyectos, el país estaría cumpliendo con otro de los requisitos para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Este organismo exige a sus socios protección a los ahorrantes para generar estabilidad financiera, en caso de que estas afronten dificultades.

Víctor Morales Mora, ministro de la Presidencia, explicó que la exclusión de los bancos estatales se debe a que la Ley orgánica del sistema bancario nacional crea un fondo de garantía para esas entidades públicas.

“El objetivo que tiene esta iniciativa es la de proteger a las personas que ahorran en una institución financiera. El objetivo de esta ley es que llene el vacío de proteger esos ahorros que hoy no están protegidos. ¿Por qué excluye los ahorros de los bancos del Estado? Porque esos bancos ya tienen esa protección", puntualizó el jerarca.

Sin embargo, el diputado fabricista Jonathan Prendas, presidente de la comisión especial que discute los proyectos de ingreso de Costa Rica a la OCDE, afirmó que la propuesta del Ejecutivo “no responde” a todas las exigencias de ese organismo al excluir al al BCR y al BN.

“La banca pública debe ser parte del seguro para mayor confianza de los ahorrantes, pues la garantía del Estado no es un fondo e implicaría deuda para el gobierno de tener que usarla.

"Recordemos que la garantía del Estado significa que todos los ticos pagaríamos en caso de crisis, mientras que con el fondo los mismos actores pagarían. Es un trato desigual. En proyectos ya tramitados ha quedado claro que la regla de buenas prácticas es para todos”, expuso el fabricista.

La presentación de ambas iniciativas coinciden con la reunión, el día de hoy, de cuatro comités de OCDE que evalúan el proceso de Costa Rica para ingresar a dicho organismo.