Los presidentes de la mayoría de los 19 colegios y asociaciones departamentales que integran el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires,  recibieron hoy en su sede de la ciudad de La Plata al juez federal Sergio Torres. Es el candidato propuesto por el Ejecutivo provincial para integrar la Suprema Corte de Justicia, en el lugar que dejara Juan Carlos Hitters.

En el marco de un diálogo cordial, que se extendió por más de una hora, los anfitriones requirieron la mirada del aspirante a ministro de máximo tribunal provincial respecto del estado del sistema judicial en la provincia, el proyecto de autarquía presupuestaria y los déficits en infraestructura edilicia, etc.

 Ya había trascendido a principios de mes que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, lo erigió como candidato a integrar el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Buenos Aires. La trayectoria de Torres en la Justicia es vasta y en un escenario complejo como el poder judicial federal con sede en Comodoro Py.  

 

Entre las múltiples adhesiones, pueden mencionarse las emitidas por las Universidades de Buenos Aires, La Matanza y San Martín, la de la Directora del Centro de Derechos de Víctimas del Narcotráfico, la de Carlos Olivero, Director del Centro Barrial "San Alberto Hurtado", del Instituto de Diálogo Interreligioso, o la Marta Ángela Gómez, de la Asociación Civil Madres en Lucha contra el Paco.

En tanto, la diputada bonaerense de Cambiemos, Carolina Piparo, renunció a ‘Usina de Justicia' en disconformidad con la impugnación que había presentado esa ONG a la candidatura del juez Torres.

Piparo utilizó su cuenta en Twitter para comunicar su decisión: Usina de Justicia "es un espacio apartidario y mi participación en ella ha sido leída erradamente en sentido contrario a ese principio, por lo que he renunciado al espacio. Agradezco el camino recorrido y siempre coincidiremos en la lucha por derechos para las víctimas", dijo.

Usina de Justicia, que es integrada entre otros por la filósofa Diana Cohen Agrest, entre otras víctimas de delito y juristas, había presentado una carta al ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, en la que calificó a Torres como "discípulo" del ex juez de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Zaffaroni, a quien se acusa de "implantar una doctrina abolicionista" en el sistema penal argentino.

“El elegido”

Fuentes bonaerense informaron que Vidal habría elegido al juez Torres por su accionar en varias causas contra el narcotráfico en diferentes provincias.

En 2017, investigó que Federico "Morenita" Marín, el dueño de la marihuana en la frontera entre Corrientes y Paraguay tenía una red de protección integrada por el entonces intendente de Itatí, Natividad "Roger" Terán, su vicejefe comunal, Fabio Aquino, el comisario del pueblo, Diego Alvarenga Ocampo, y varios hombres y mujeres de seguridad más.

Un año después el magistrado procesó a su par de Corrientes, Carlos Vicente Soto Dávila, como jefe de una "asociación ilícita" que desde el juzgado cobraba coimas para beneficiar a la banda de Marín. Lo hacía, según su investigación, con sus empleados como cómplices: Pablo Molina, secretario penal 2, y Federico Grau, del 6. Y, lógicamente, con los abogados de los narcos de Itatí y alrededores.

La legislatura bonaerense de no mediar inconvenientes debería aprobar su designación como miembro del STJ bonaerense tras la jubilación de Hitters, histórico supremo de la Corte provincial.