La exfiscal general del Estado de Venezuela Luisa Ortega Díaz junto a Blas Jesús Imbroda, presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional, ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Holanda, donde presentó varias denuncias contra el régimen de Maduro. EP.
La grave crisis humanitaria de Venezuela colapsa al sistema de asilo de España
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17/2/2019 06:15
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Actualizado: 16/2/2019 18:45
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La situación en Venezuela se agrava por momentos mientras se producen cruces de declaraciones entre Nicolas Maduro, presidente actual y Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por 50 gobiernos.
Ahora la polémica se ha producido la llegada el próximo 23 de febrero de una ayuda humanitaria procedente de EEUU por la frontera de Venezuela con Colombia.
Según los expertos, sin ella, están en peligro más de 300.000 ciudadanos.
Hasta el momento tres millones de venezolanos han salido del país colapsando el sistema de asilo de países como Colombia o España.
Blas Imbroda, decano del Colegio de Abogados de Melilla, es el presidente de la Subcomisión de Extranjeria del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), acaba de mantener hace unos días una reunión con el Defensor del Pueblo español, acompañando al movimiento opositor venezolano encabezado por Antonio Ledesma y otros líderes de la oposición, el pasado mes de enero.
En esa reunión se analizó el trato de los venezolanos en España.
Imbroda también es presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional, mandato que acaba este mes de marzo próximo.
Para este jurista, el retraso de la tramitación de los expedientes de asilo subraya que el sistema se ha colapsado en nuestro país, ante la avalancha de ciudadanos venezolanos que quieren salir de su país “los procedimientos de asilo y la falta de medios es importante. No hay capacidad suficiente para responder a la demanda de protección internacional que se encuentra la administración española”.
Este abogado ha estado implicado en diferentes temas relacionados con Venezuela, entre ellos la denuncia de la exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega ante la Corte Penal Internacional presentaba en noviembre del 2017, ahora exiliada en Colombia, al igual que su equipo de fiscales “sacó mucha información del país sobre muchos crímenes de lesa humanidad que se estaban produciendo en Venezuela, sobre todo ataques contra la población civil en forma de torturas o asesinatos”.
La denuncia se ha ampliado por dos veces, la segunda el pasado mes de enero.
“Y ha provocado el examen preliminar del análisis de este caso en la propia Corte Penal Internacional. Se ha denunciado a Maduro, a sus Ministros de Defensa e Interior a un organismo llamado Comando Estratégico Operacional de la República”.
Para este jurista, “España debe ser generosa con Venezuela tiene un compromiso moral con este país y debe apoyar a los venezolanos que sufren tanto en este momento”.
Desde esta Subcomisión de Extranjería se alza la voz para que se respeten los derechos de todas las personas que son susceptibles de tener esta protección internacional.
“Siempre hemos estado cerca de las personas vulnerables para que puedan hacer valer en cualquier lugar del mundo sus derechos humanos”, resalta Imbroda. Sus trabajos van en esa dirección como punta de lanza de la abogacía española en este tipo de situaciones .
Imbroda explica a Confilegal que “la crisis humanitaria que existe en Venezuela es brutal. La falta de los alimentos es real y los problemas que hay en los hospitales es tremenda porque faltan medicinas. En España te puedes encontrar casos como el de una jueza que fue brutalmente agredida por no firmar unos papeles del régimen, y ahora en España trabaja en un restaurante para salir adelante. Hay muchas historias humanas de este tipo que llegaron a nuestro país”.
VENEZUELA Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
Para Francisco Segovia, director de proyectos de la Fundación Abogacía Española, del CGAE, “entre los problemas que existen en España respecto al asilo, a la Fundación Abogacía Española, y por tanto desde nuestro punto de vista, que es el de los derechos humanos, nos preocupan principalmente los problemas del dispositivo de asistencia a los inmigrantes que llegan a los diferentes puertos de las costas andaluzas y el aumento súbito de inmigrantes y solicitantes de asilo venezolanos”
Al mismo tiempo, señala, “mención aparte merece el atasco de expedientes en la Oficina de Asilo y los cuellos de botella para realizar la solicitud en algunas ciudades, pero que son cuestiones en las que la Abogacía no tiene ningún margen de maniobra”.
Desde el punto de vista de Segovia, “respecto a los venezolanos de manera particular, en un momento de incremento muy pronunciado de llegadas de estos a España, creemos que el sistema de asilo se está mostrando incapaz de identificar a aquellos que huyen de su país por temores fundados a ser perseguidos por los motivos que indica la Convención de los Refugiados de 1951, en consecuencia fracasando en la protección que estamos obligados legalmente a brindarles específicamente a esos, nos sólo en cumplimento de compromisos internacionales, sino en aplicación de nuestra Ley de Asilo de 2009”.
También revela que “nos consta que la comunidad de venezolanos ya ha trasladado a las autoridades en España de diversas maneras esta queja y también otras, relativas por ejemplo a la necesaria homologación de títulos que les habiliten a una integración social y económica adecuada en el tiempo que residan en nuestro país, y a la situación de registro de sus hijos que están naciendo en España, por ejemplo”.
Los venezolanos que están emigrando “tienen preferencia principalmente por otros destinos en la región latinoamericana, así como por Estados Unidos y España, en nuestro caso por los vínculos históricos y el idioma común”.
En opinión de este experto “parece evidente que el momento económico en el país es terrible y, además, hay una situación de confrontación política y social muy grave, que afecta a la convivencia y que convierte a una parte de esos emigrantes en refugiados a los que se deber proteger mediante el asilo”.
A su juicio, “de manera más general, creemos que España debe hacer un mayor esfuerzo de protección de los refugiados, facilitando un mayor acceso y más seguro, mejorando el sistema de identificación y, por último, garantizando la posterior integración social y económica de estas personas”:
Al mismo tiempo cree que “ para todo esto, debería comenzar por hacer un mayor esfuerzo de divulgación contra las acusaciones que se hacen a los refugiados sobre los problemas que causan a nuestra sociedad o a nuestra seguridad, que son radicalmente falsas”.
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