"No vamos a permitirlo". VOX se ha presentado en el Tribunal Supremo como la acusación popular que impulsó la apertura del procedimiento contra los golpistas, que continuó la instrucción "en solitario" y que llegará hasta el final, hasta que los responsables ingresen en prisión. El informe reclama, en total, 700 años de cárcel para los procesados frente a los 177 que acumula la Fiscalía y los 117 de la Abogacía del Estado en representación del Gobierno de Pedro Sánchez.
VOX reclama 74 años de cárcel para Oriol Junqueras –por los 25 que pedía Fiscalía y los 12 y medio de los Servicios Jurídicos del Estado–. No solo atribuye al líder de ERC y exvicepresidente catalán un delito de rebelión; sino dos. También, como al resto, organización criminal y malversación de fondos públicos. Solicita la misma pena para los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Raul Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull.
La formación sostiene que los "golpistas" abanderaron "un claro intento de subvertir el orden constitucional" con el referéndum ilegal con el objetivo de "desintegrar la unidad territorial del Estado"; un 1-O que supuso un "ataque subversivo contra el orden constitucional vigente" en que se empleó la fuerza y la violencia.
VOX, en el Tribunal Supremo
La plana mayor de VOX ha acudido personalmente al Alto Tribunal a la presentación del informe de acusación. En concreto, cinco personas: Santiago Abascal, Javier Ortega Smith, Pedro Fernández, Rocío Monasterio e Iván Espinosa.
Ha tomado la palabra el vicesecretario jurídico Pedro Fernández: "Destacamos dos aspectos que nos diferencian de la acusación de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. En primer lugar, que imputamos dos delitos de rebelión, en vez de uno: el primero por los hechos ocurridos en la Consejería de Economía y Hacienda los días 20 y 21 de septiembre y el segundo por los hechos ocurridos el 1 de octubre en la convocatoria del referéndum ilegal".
"Otra diferencia es la imputación a todos los procesados por organización criminal. Se ha producido un proceso separatista con reparto de papeles y funciones entre todos los procesados y entendemos que hay que darle a la Sala la oportunidad de valorar este delito. Expresamos nuestro reconocimiento a los funcionarios del Estado, que van a lograr junto con VOX que los golpistas terminen en prisión".
También ha intervenido Santiago Abascal: "Ayer comprobamos en Alsasua in situ la importancia de estar allí para quitar la careta a quienes están apoyando al Gobierno de España. Quizá por eso, porque ayer conseguimos desenmascarar a los violentos, a los encapuchados, a los que reaccionan con el odio, a los que intentaron impedir que las víctimas del terrorismo hablaran; desde la portavocía del Senado el socialista Ander Gil se ha atrevido a decir que los que estábamos allí no habíamos tenido que mirar nunca debajo del coche, no habíamos tenido que enterrar a compañeros. Más allá de que eso es una auténtica barbaridad, que allí estaban víctimas, que estaba Ortega Lara y personas que habían perdido a familiares, eso demuestra hasta qué punto el Gobierno quiere ocultar quienes son sus socios".
"El Gobierno que lidera las presiones contra la Abogacía del Estado y la Fiscalía, infructuosas por suerte, también contra esta acusación popular. Esas presiones que están intentando sacarnos del procedimiento y que buscan una cosa clarísima: la impunidad de los golpistas". El presidente de VOX ha anunciado una convocatoria a través de la plataforma "España Viva" movilizarse en la Plaza de Colón de Madrid el próximo 1 de diciembre "contra la impunidad de los golpistas". Ha invitado a los máximos representantes del Partido Popular y Ciudadanos.