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Sánchez eleva el gasto público en 2.000 millones de euros en apenas dos días

La concesión de tarjeta sanitaria a inmigrantes irregulares y la supresión del copago farmacéutico y los peajes tendrán una abultada factura fiscal.

La concesión de tarjeta sanitaria a inmigrantes irregulares y la supresión del copago farmacéutico y los peajes tendrán una abultada factura fiscal.

Las medidas económicas que, hasta ahora, ha anunciado el Gobierno del PSOE comprometen cerca de 2.000 millones de euros extra en gasto público. El pasado viernes, los socialistas anunciaron su intención de restaurar la tarjeta sanitaria para los inmigrantes irregulares, tras la suspensión que tuvo lugar en 2012. Su coste se estima en cerca de 500 millones de euros al año.

Además, la ministra de Sanidad, Carmen Montón, avanzó el pasado lunes que el Ejecutivo devolverá "todos y cada uno" de los derechos sanitarios "arrebatados" por Mariano Rajoy, de modo que también podría extender la tarjeta sanitaria a todos los europeos residentes en España, elevando el gasto en otros 600 millones anuales. Así pues, en total, y teniendo en cuenta tan sólo las medidas relacionadas con la tarjeta sanitarias, el coste rondaría los 1.100 millones de euros al año para las arcas públicas, informa elEconomista.

Montón también anunció la eliminación del copago farmacéutico a los pensionistas. En 2012, se estableció un nuevo sistema por el cual, si bien se mantenía la exención a los beneficiarios de pensiones mínimas, los jubilados que ingresan hasta 22.000 euros al año deben abonar el 10% con un máximo de ocho euros al mes, mientras que si cobran menos de 100.000 euros se les aplica el mismo porcentaje con un máximo de 18 euros. El tope asciende al 20% para los que ganen más de 100.000, hasta un máximo de 60 euros al mes. La anulación de este copago costaría cerca de 400 millones de eurosal año, tal y como publica Carlos Segovia en El Mundo.

Por último, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, indicó el lunes su intención de eliminar los peajes en las autopistas cuyas concesiones vayan venciendo. Según la patronal de constructoras y concesionarias, Seopan, dicha supresión tendría un coste de unos 450 millones de euros anuales para las arcas públicas sólo en el caso de la media docena de víasque terminan su plazo de concesión entre este año y 2021. Así pues, el Gobierno del PSOE habría comprometido cerca de 2.000 millones de euros entre el pasado viernes y lunes.

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