Impartir justicia con enfoque de servicio público

«La misión de los jueces rebasa la de ser meros aplicadores de normas y disposiciones, su tarea implica, además, el deber de hacerlo con clara noción y sentido de lo justo, de manera que sus actos se caractericen no solo por su sustento legal, sino también por su transparencia, nivel de equidad, racionalidad y adecuada ponderación».

 Así trascendió durante la inauguración, este miércoles, del IX Encuentro Internacional Justicia y Derecho 2018, espacio que contó con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

En las palabras de apertura del evento, que sesionará desde hoy y hasta el próximo 25 de mayo en el capitalino Palacio de Convenciones, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, llamó la atención sobre los principales aspectos que determinan una actuación judicial de calidad en la tramitación y solución de los procesos.

Destacó, en ese sentido, el desempeño diligente y ágil, con adecuado cumplimiento de los términos y plazos establecidos; la actuación responsable, imparcial y ética en los actos procesales, con apego al debido proceso y pleno respeto a las garantías y derechos de las partes implicadas; la adopción de decisiones caracterizadas por su racionalidad y justeza; así como el cumplimiento efectivo y oportuno de las sentencias judiciales.

«Se cumplen todos y cada uno de esos requerimientos o la actuación judicial no tuvo la debida calidad», sentenció.

Reconoció que, en pleno siglo XXI, es hora de un verdadero replanteo conceptual, orgánico y funcional de la labor jurisdiccional con enfoque de servicio público, que jerarquice a nivel institucional, individual y colectivo valores como la responsabilidad, el compromiso, la transparencia, el sentido de justicia  y la actuación diligente.

En el caso de Cuba, subrayó Remigio Ferro, «los tribunales de justicia estamos conscientes de la importancia que tiene el adecuado desempeño de nuestra labor y su incidencia directa en aspectos vitales como la seguridad jurídica, el orden y la tranquilidad ciudadana, la calidad de vida de la población y las garantías del ejercicio pleno y efectivo de sus derechos».

Reiteró que la actualización del modelo económico y social cubano «implica una dinámica de cambios que impactan en todas las esferas del país y, consecuentemente, tienen también un nítido reflejo en la introducción de necesarias modificaciones en las normas jurídicas y en un segmento importante del contenido de los procesos judiciales.

«Los tribunales no permanecen ajenos a esas transformaciones y efectúan los reajustes pertinentes en su funcionamiento para atemperar y adecuar su actuación al nuevo escenario económico y social».

Al evento, considerado espacio fértil para el intercambio y el debate científico y técnico sobre disímiles ramas del Derecho, asisten más de 300 delegados cubanos y 125 participantes extranjeros de 27 países, entre los cuales figuran Argentina, Chile, Bolivia, España, México, Venezuela y Estados Unidos.

En la inauguración estuvieron presentes, además, Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Político y Secretaria General de la FMC; Homero Acosta Álvarez, secretario del Consejo de Estado, Darío Delgado Cura, fiscal general; María Esther Reus González, ministra de Justicia, entre otros funcionarios del sector.