Defiende el programa 'Amb tots els sentits' y lamenta que lo padres no hagan todo lo que deben
Solo los vehículos con permiso entrarán en Formentera a partir del verano de 2019
El conseller de Educación, Martí March, defendió ayer en el Parlament el programa de educación sexual denominado Amb tots els sentits dirigido a niños de 10 a 13 años, la etapa final de la enseñanza Primaria. March apostó por este programa para prevenir embarazos indeseados y enfermedades de transmisión sexual y porque ahora la inmensa mayoría de los niños lo aprenden todo sobre el sexo a partir de las grandes cantidades de pornografía a la que tienen acceso y que consumen. March dijo que la educación sexual «va más allá de la moral» y que «es una necesidad de salud pública».
Según el conseller, la educación sexual no es en ningún caso adoctrinamiento y debe realizarse en la edad temprana. «En Secundaria puede ser tarde», afirmó. March hizo estas afirmaciones en respuesta a una pregunta del diputado del PP Juan Manuel Lafuente, quien dijo que su partido no rechaza la formación sobre sexualidad en la enseñanza, aunque cuestionó los contenidos del programa Amb tots els sentits. Dijo que en el programa se hacen afirmaciones de tipo moral que requieren de la autorización de los padres. «Los padres tienen derecho a tener información y a que se les pida su consentimiento», recalcó la Lafuente. Para el conseller uno de los problemas es precisamente que «los padres no hacen todo que tendrían que hacer» en el tema de la educación sexual.
Las explicaciones del conseller March no gustaron nada al Foro de la Familia, que pidió incluso su dimisión por vulnerar los derechos constitucionales de los padres al negarles su consentimiento «previo y explícito» para que sus hijos asistan al programa de educación sexual.
En un comunicado, el delegado de esta entidad en Baleares, Agustín Buades, afirma que el conseller es «un señor que desprecia a los padres» y «no puede permanecer un segundo más en su cargo». El FFB, informa Efe, denuncia que en el referido programa se asegura que «el estándar de mujer u hombre no existe, es un invento» y que en otro apartado se dice que las prácticas sexuales son comportamientos eróticos que hacen una, dos o más personas del mismo sexo o diferente, la finalidad es satisfacer el deseo sexual; normalizando e incitando al sexo en grupo a menores de edad», critica el FFB.
Coches en Formentera
Otra cuestión de la que se habló ayer en el Parlament es la limitación de coches en Formentera. La presidenta Francina Armengol explicó que el modelo aprobado para la pitiusa del sur no es aplicable en las otras islas ni en otros lugares de Baleares. En todo caso, Armengol emplazó a los consells de Menorca, Ibiza y Mallorca a definir sus propios modelos de restricción del número de coches en función de las particularidades de sus islas, como ha hecho la institución insular de Formentera. Así lo dijo Armengol en respuesta a una pregunta del líder del PI, Jaume Font, quien sostuvo que era necesario avanzar en todas las islas en el mismo sentido que en la pitiusa menor, donde se limitarán los coches en verano desde 2019.
Armengol señaló que el suyo es un Govern «federalista» que entiende que «los consells tienen que tener su capacidad de decisión», y subrayó que la condición imprescindible para reducir el número de vehículos privados es ofrecer un sistema de transporte público más eficiente.
Font le recriminó al Govern que no plantee para el conjunto de las islas una propuesta de limitación de la entrada de vehículos ambiciosa en la línea de la anunciada para Formentera y, sobre todo, que en dos años no se haya avanzado en la restricción de los coches de alquiler en verano.
En otro momento del pleno, Armengol resaltó la «independencia» de la actual dirección de IB3 frente a la «absoluta politización» vivida con el anterior Govern del PP, cuando el director general del ente era el vicepresidente del Ejecutivo.
Armengol afirmó que es una «firme defensora» de los medios de comunicación públicos para ofrecer a los ciudadanos una «información veraz y plural», tal y como establece la Constitución española y, en el caso de Baleares, para «hacer comunidad y país» y como «herramienta» de normalización lingüística.