Más del 70% de las compañías no han solicitado una patente en los dos últimos años, a pesar de que ocho de cada diez tienen algún proyecto relacionado con la innovación dentro de su organigrama.

La competitividad empresarial se encuentra en su momento más álgido con una economía cada vez más exigente. Por este motivo, para liderar un sector, afrontar nuevos retos o potenciar sus ventajas estratégicas, la investigación y la innovación están tomando cada vez más protagonismo.

Ocho de cada diez empresas españolas tienen entre sus manos algún proyecto para descubrir nuevos conocimientos en el ámbito científico tecnológico y el mismo porcentaje ha conseguido una mejora sustancial gracias a la innovación, según el informe La I+D+i en la empresa española y el incentivo fiscal, elaborado por KPMG Abogados.

Sin embargo, estas buenas cifras se ven empañadas si se analiza cómo protegen las organizaciones sus investigaciones. Tan sólo un 29% de ellas ha solicitado una patente en los dos últimos ejercicios, un dato bastante sorprendente dado el alto valor que proporciona la generación de know-how y el cuidado de la propiedad intelectual e industrial. Este limitado porcentaje implica que la gran mayoría de las firmas no protege sus intereses mediante el reconocimiento de la explotación en exclusiva de una invención, por lo que no impide a otros su fabricación o utilización sin su consentimiento.

Patentes sectorializadas

Carlos Stockfleth, socio responsable de la unidad de I+D+i de KPMG Abogados, entiende que la explicación se debe al poco desarrollo de estas prácticas en determinadas industrias. "La solicitud de patentes está muy sectorializada: históricamente, el sector farmacéutico, el químico y el de la automoción son los que patentan, mientras que alimentación, distribución y tecnologías de la comunicación no suelen hacerlo", aclara.

Asimismo, tres cuartas partes de las empresas españolas explota el know how conseguido a través de sus actividades de I+D dentro de su propia organización, mientras que el 22% lo explota y cede o simplemente lo transfiere. Estos datos demuestran que la gran mayoría de las innovaciones están enfocadas a dinámicas internas para, entre otras razones, mejorar su producción.

El trabajo innovador de las firmas españolas no responde a una iniciativa puntual, ya que más de la mitad cuenta con una política definida y clara de I+D+i, mientras que un 66% aborda de forma proactiva la identificación de los trabajos innovadores, al realizar controles periódicos de identificación de este tipo de actividades en todas las áreas de la compañía.

Incentivos fiscales

Lo que sí tiene una mayor aceptación son los incentivos fiscales que las empresas tienen en el Impuesto de Sociedades para sus actividades de I+D+i, que muchos expertos califican como de los más potentes dentro de la Unión Europea. A pesar de ello, un 15% de las firmas encuestadas que sí conocen dichas deducciones todavía no las aprovecha.

Itziar Galindo, socia responsable del área de Impuesto sobre Sociedades (IS) de KPMG Abogados, considera que "la no utilización es mayoritariamente por desconocimiento de la empresa en la tipología de gastos y actividades que califican como I+D+i y darían derecho a las deducciones".

De cara a su aplicación, el IS introdujo en el año 2003 el informe motivado (IMV), un nuevo mecanismo para fomentar las actividades innovadoras y proteger el incentivo al que da derecho el artículo 35 de la normativa del IS. A pesar de ello, todavía un tercio de las compañías son reticentes a la hora de utilizarlo, aunque el número de IVM presentados anualmente a la administración ya supera los 5.000.

Sin embargo, la resolución de estas solicitudes no llega a buen puerto en todos los casos. Carlos Stockfleth apunta algunas de las consecuencias de estas decisiones: "La disparidad de criterios en las revisiones del IS por parte de la administración tributaria; la reducción de la inversión extranjera en I+D por temor a indefensión jurídica; o los datos erróneos en cuanto a la capacidad real de nuestras empresas en realizar actividades de I+D".

No obstante, no son las únicas consecuencias que ve el socio de KPMG Abogados en la actual complejidad del sistema, por lo que solicita "un esfuerzo para mejorar en eficiencia, simplificando el procedimiento y aunando criterios, si no queremos que disminuya la competitividad de nuestras empresas en los años venideros".

No en vano, las diferentes subvenciones públicas a las actividades de I+D+i son un pilar clave como forma de financiación para muchas de las compañías. Un 66% de las empresas encuestadas por KPMG Abogados reconoce que solicita de manera recurrente alguna ayuda pública para este fin.