La Fiscalía Anticorrupción cree que pueden existir hechos delictivos en la investigación de la Fórmula 1 cometidos a través de Thematica Events S.L., empresa creada por el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, quien se ha llegado a definir como ‘yonki del dinero’.
Así consta en un auto, con fecha 22 de septiembre, en el que la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de València acuerda no prorrogar el secreto de las actuaciones de la pieza separada del conocido como caso Valmor, en contra del criterio del fiscal. En la pieza principal están investigados el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps; la exconsellera de Deportes Lola Johnson; y el expiloto Jorge Martínez ‘Aspar’ por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
Francisco Camps junto a Rita Barberá
Tras diferentes investigaciones, el fiscal presentó un escrito a la jueza en el que consideraba “necesario” el mantenimiento de la medida de secreto de la pieza hasta el análisis de la documentación y la práctica de diligencias. Agregaba que podían existir “otros ilícitos penales” cometidos a través de Thematica Events S.L. -investigada en la operación Taula dentro del caso Imelsa- y, en concreto, solicitó el volcado de un servidor informático incautado.
La jueza ha declinado su requerimiento y contesta que “partiendo de que el secreto podría dar lugar a indefensión de las partes, especialmente a los investigados, y que esta medida debe ser proporcionada y razonada”, no ve razones que justifiquen la necesidad de prórroga del secreto.
Y agrega: “El hecho de la existencia de la empresa Thematica Events, que podría encuadrarse dentro de otro tipo de operaciones ya analizadas en autos, podría suponer la investigación de otros hechos delictivos pero no directamente conectados con la inicial investigación que dio lugar a la apertura de diligencias por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)”.
La querella
La querella de Fiscalía Anticorrupción que dio origen a esta causa se centró en cuatro aspectos fundamentales, entre ellos, el contrato firmado entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor para organizar la Fórmula 1, por el que la mercantil no pagó “ni un euro”, en perjuicio de los fondos públicos, y la orden para que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en la Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011.
Los otros dos son, según la querella, la orden que Camps dio a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, para que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa; y la asunción por parte del Consell del canon anual de 26 millones de dólares “sin asumir ningún derecho”.