El tiempo dirá, mucho más pronto que tarde, si la impune y bien financiada senda de ilegalidades por la que ha transitado la Administración autonómica catalana desde 2012 ha llegado a su fin. Por de pronto, y en lo que se refiere exclusivamente a la financiación pública del proceso secesionista, lo único que se puede constatar es que las medidas de intervención y controlanunciadas el viernes por el Consejo de Ministros se han plasmado no en el anunciado cese por parte de Hacienda de las transferencias de los fondos ordinarios correspondientes al sistema de financiación autonómico, sino en un requerimiento de control a las sucursales bancarias donde haya cuentas abiertas a nombre de la Generalidad "con el fin de que sus (...) eviten colaborar con las actividades del referéndum ilegal, como ya hacen frente a otras posibles actuaciones delictivas, como puede ser el blanqueo del dinero". En este sentido, el mandato del Ministerio de Hacienda advierte: "Si estas entidades bancarias detectan algún pago o transferencia relacionada con el referéndum del 1 de octubre, deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal. Además, a partir de la fecha de entrada en vigor de esta orden, cualquier pago de la Generalidad debe ir acompañado de un certificado de la Intervención General acreditando que el mismo no está relacionado con ese proceso ilegal".
Bien es cierto que, para que el Gobierno central pueda asumir directamente los pagos tanto a los proveedores como a los cuantiosos empleados públicos de la Administración regional, sería necesario que la Consejería de Hacienda le comunicara el listado de los mismos. Sin embargo, la Generalidad parece no darse por enterada de la intervención de sus cuentas, se niega a remitir dicho listado y pretende que los bancos incumplan las instrucciones de Hacienda, alegando –en el colmo del surrealismo– que el Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite el recurso de los golpistas contra las citadas medidas de control.
Se debe romper una lanza a favor del TS, que se ha limitado a admitir un recurso presentado por quienes, gracias al Gobierno, siguen detentando la máxima representación del Estado en Cataluña; si bien ha advertido expresamente –al contrario de lo que sostiene Junqueras– que dicha admisión "no implica la suspensión" de las medidas adoptadas por el Gobierno.
Ahora bien, estas medidas, adoptadas por el Ejecutivo como alternativa a la suspensión de la autonomía catalana, en manos de quienes tan gravemente siguen atentando contra los intereses de España, aboca el país a un espectáculo temerario al tiempo que esperpéntico, que ni siquiera garantiza el cese de la malversación de fondos públicos que implica –por definición– una rebelión institucional como la iniciada en 2012. Y esto, por varios motivos.
En primer lugar, porque, por mucho que las entidades bancarias han de evitar su colaboración con cualquier actividad delictiva, resulta asombroso que tengan que ponerse a averiguar, por ejemplo, si la factura presentada al cobro de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos puede guardar relación con la malversación de fondos públicos que, ciertamente, implica el franqueo de las cartas que los golpistas han enviado a los 55.000 ciudadanos a los que pretende obligar a integrar las mesas electorales. En segundo lugar, porque es harto probable que la mayor parte de los gastos –y por tanto de la malversación– que acarrea esa rebelión en forma de consulta ya hayan sido efectuados. Tal puede ser el caso del pago a correos, pero también del pago de los folletos, carteles, censos, urnas y papeletas de la consulta, con total independencia de que dicho material haya sido total o parcialmente interceptado por la Policía. Otro tanto se puede decir de los contratos de publicidad con TV3 u otros medios de comunicación. Por último, pero quizá lo más importante, porque las medidas tomadas por el Gobierno parecen únicamente orientadas a combatir la malversación que implica la ilegal consulta del 1-O, como si el cúmulo de desobediencias –y sus sostenimiento financiero– que implica el procés se redujeran a ella. ¿Qué decir del sostenimiento de las no menos ilegales estructuras de Estado que los secesionistas han venido erigiendo?
Téngase en cuenta que las elites políticas y mediáticas se felicitaron por el prácticamente nulo respaldo diplomático extranjero brindado a la inauguración de las ilegales embajadas catalanas en el extranjero como prueba del público compromiso adquirido por Puigdemont de desobedecer la sentencia del Constitucional que pretendía anular la Consejería de Exteriores y esa asunción de competencias en el extranjero por parte la Administración regional. Sin embargo, el sostenimiento financiero de ese silenciado delito de desobedienciaimplica un no menos grave sostenimiento de un delito de malversación de fondos públicos. Así las cosas, ¿quién va a pagar este mes de septiembre las nóminas de los funcionarios de la ilegal embajada catalana en Copenhague? ¿Va a ser Montoro o va a ser Junqueras?
En conclusión, con parches no se puede restablecer un orden constitucional cuya quiebra en Cataluña es muy anterior a la consulta del 9-N y que con total seguridad no acabará el 1-O.