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La próxima semana, la Comisión recibirá a funcionarios heridos durante hechos violentos y a familiares de las víctimas.

La próxima semana, la Comisión recibirá a funcionarios heridos durante hechos violentos y a familiares de las víctimas. | Foto: AVN

Publicado 19 agosto 2017



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"Habrá determinación de la responsabilidad y se aplicará justicia sin ningún tipo de distingo", indicó Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente 

La Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, instalada por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, informó este sábado que se encargará de determinar responsabilidades en los casos de violencia política en ese país y aplicará la justicia sin ningún tipo de distingo para contribuir con la reconciliación y la paz, indicó la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez.

"Seguimos trabajando intensamente en aras de consolidar la paz y la tranquilidad en Venezuela, en aras de que se determine la verdad de los hechos violentos con fines políticos que han procurado la desestabilización en el país y el derrocamiento del Gobierno constitucional", enfatizó.

Durante una reunión efectuada en la sede de la Cancillería, en Caracas (capital de Venezuela), explicó que se investigarán los casos de los más de 100 fallecidos durante las acciones violentas promovidas por sectores de oposición del país.

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La presidenta de la ANC indicó que esta comisión realizará una clasificación de los hechos punibles imputados a los privados de libertad involucrados en estos casos.

En la reunión se decidió recibir la próxima semana a funcionarios heridos y a familiares de las víctimas, así como a aquellos que tuvieron responsabilidad individual en los hechos investigados.

Como tercera decisión, la Comisión entrevistará al padre del joven David Vallenilla, de 22 años de edad, quien falleció en las inmediaciones de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota, en Caracas.

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Asimismo, la Fiscalía General de la República recibió un listado de 100 casos que se encuentran en la jurisdicción militar y que pasarán a la jurisdicción ordinaria.

"Por primera vez en una década ha habido un compromiso para actuar conjuntamente en algunos casos donde ha habido violación a los derechos humanos y violencia política", agregó Rodríguez.


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