La junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) ha instado al Gobierno catalán a presentar al Parlament una solicitud de moratoria durante cuatro años de la entrada en vigor de la exigencia de la acreditación, al acabar los estudios, del nivel B2 de una tercera lengua para los estudiantes universitarios de grado, según el acuerdo al que ha tenido acceso Europa Press.

Esta exigencia fue impulsada por el ex conseller de Empresa y Conocimiento Andreu Mas-Colell, afectaba a los alumnos que empezaron la carrera el curso 2014-2015 y algunas universidades habían mostrado su recelo, ha publicado este jueves 'El Periódico de Catalunya'.

El acuerdo del CIC -órgano de coordinación del sistema universitario catalán- se ha aprobado con la finalidad de evitar "perjuicios" a estos estudiantes y facilitar y hacer más visible el logro del objetivo fijado.

La junta del CIC, por otra parte, considera necesario otorgar un reconocimiento a los alumnos que se esfuercen por acreditar el conocimiento de una tercera lengua con un nivel equivalente al B2 antes de finalizar sus estudios de grado durante los años de moratoria.

En la rueda de prensa de presentación del decreto de precios universitarios, el conseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, ha dicho que ha habido universidades que no han implementado este requisito, que a partir del próximo año tenía que ser obligatorio, y que ahora tendrá una moratoria de cuatro años.

"Supongo que ha fallado todo el mundo", ha dicho Baiget, quien ha subrayado que ha faltado concienciación por parte de universidades y también ha fallado la administración, y ha estimado en que un 25% de los estudiantes de las universidades catalanes no puede acreditar el B2.

Sin embargo, ha añadido que aunque haya un "número importante de estudiantes que no llegan", se quiere distinguir a los que se esfuercen por lograrlo y en la expedición del título se añadirá que ha logrado el B2.

El CIC ha aprobado una resolución en la que acuerda apoyar la reclamación sindical de incluir el personal de administración y servicios (PAS) de las universidades públicas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para la convocatoria de plazas, han informado fuentes sindicales.