La situación resulta, cuanto menos, llamativa. Desde las últimas semanas, en la ciudad de Santa Fe proliferan enormes carteles callejeros con los rostros de políticos locales. Algunos son simple dirigentes. Otros, en cambio, ocupan cargos públicos. En todos los casos, las caras aparecen sólo con los nombres de los protagonistas, acompañados por frases vacías o ambiguas.
No es casual que estas características se repitan en cada uno de estos carteles. Es que, en realidad, se trata de campañas encubiertas con el objetivo de posicionar a candidatos o potenciales postulantes en el contexto de un año electoral en el que se renovarán cargos legislativos, tanto a nivel nacional como en los municipios.
El problema en este caso es que el Código Nacional Electoral establece que “la campaña para la elección de diputados y senadores nacionales sólo podrá iniciarse sesenta días corridos antes de la fecha fijada para el comicio”. El plazo se extiende a noventa días cuando se trate de la elección de presidente y vicepresidente.
Este año, las primarias están previstas para agosto. Es decir que restan mucho más que sesenta días corridos como para que la campaña electoral se encuentre habilitada.
El mismo Código plantea en su artículo 64 que “queda prohibida la emisión y publicación de avisos publicitarios en medios televisivos, radiales y gráficos con el fin de promover la captación de sufragio para candidatos a cargos públicos electivos nacionales antes de los treinta y dos días previos a la fecha fijada para el comicio”.
Por este motivo es que los candidatos -o quienes pretenden serlo- aprovechan los grises que existen en la legislación e intentan posicionar su imagen a través de la cartelería pública, con meras fotografías y frases ambiguas que no puedan ser vinculadas de manera directa con la intención de captar el voto de la ciudadanía. Para decirlo con todas las letras, se trata de una situación engañosa tendiente a evitar los impedimentos legales.
Este tipo de cláusulas no sólo apuntan a los candidatos, sino también a los gobiernos. El Código plantea que “queda prohibido durante los siete días anteriores a la fecha fijada para la celebración del comicio, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo, y, en general, la realización de todo acto que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales”.
Por estos motivos, no deberá sorprender que los gobiernos de cada uno de los distritos aceleren en las próximas semanas los actos públicos tendientes a inaugurar obras o a lanzar programas de alcance colectivo. En las fotos, seguramente, aparecerán con frecuencia aquellos a los que se intenta posicionar frente a la atención de la ciudadanía.
En la provincia de Santa Fe, rige la ley 12.080, que también establece que “las campañas electorales no podrán iniciarse antes de los treinta días corridos de la fecha fijada para el comicio”. Para el caso de elecciones a cargos públicos electivos que coincidan simultáneamente en el ámbito nacional, provincial y/o municipal, serán exclusiva y excepcionalmente aplicables las limitaciones temporales dispuestas en la legislación nacional que regula la materia.
En todo caso, sería importante que más allá de buscar atajos que permitan violar la fría letra de la ley, quienes pretenden postularse para cargos públicos expresen su pensamiento sobre los temas que realmente preocupan a la ciudadanía en general. Esto no sólo permitiría votar con mayor información, sino que plantearía la posibilidad de que, en caso de acceder al cargo que pretenden, rindan cuentas sobre lo que prometieron y lo que realmente hicieron.