Duro informe sobre los recursos de los museos

Los controles más estrictos que tendrán las asociaciones de amigos de los museos en su relación con esas instituciones, anunciados por el Ministerio de Cultura hace dos semanas, tienen su origen en un duro informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) publicado en abril de 2016 y que se realizó en conjunto con la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio, al que tuvo acceso Clarín.  

Ese trabajo señala que “la totalidad de las explotaciones comerciales” que funcionan en los museos, en referencia a espacios cedidos como bares y librerías, corresponden a concesiones realizadas por asociaciones de amigos “fuera de la normativa vigente”. Según el informe, por ley esas organizaciones sólo podían cobrar entradas, vender catálogos en exposiciones o generar ingresos por actos patrocinados por ellas.

La auditoría oficial se realizó entre el 22 de febrero y el 29 de marzo del año pasado. En el informe, que aporta detalles sobre el funcionamiento de doce museos, se explica que las asociaciones no rindieron cuentas por el uso de los fondos que surgieron de la concesión de espacios dentro de los museos.

El documento también señala que se identificaron dos casos de gastos de servicios -luz y agua- que generaban los locales alquilados pero que se pagaban con fondos públicos y no del concesionario, que a cambio depositaba un canon mensual. 

Como resultado, el informe recomienda a las autoridades del área efectuar una denuncia penal “por incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos, en razón de los incumplimientos normativos y el perjuicio fiscal derivado de la ausencia de controles sobre los fondos que no fueron rendidos y los gastos que, generados por las actividades comerciales, fueron soportados por la Administración”. Ante la consulta de este diario por esas denuncias judiciales y a quiénes irían dirigidas (¿ex funcionarios? ¿asociaciones? ¿ambos?) desde el Ministerio respondieron que “la oficina de Sumarios del Ministerio” se está encargando de investigar las irregularidades.

El trabajo especifica algunos de los cánones que pagaban, hasta mediados del año pasado, los concesionarios. El bar del Museo de Arte Decorativo -en Recoleta- aportaba 50 mil pesos por mes. El parador del Palacio San José -en Entre Ríos- pagaba 18 mil pesos. El Museo Sarmiento, en el barrio de Belgrano, 12.800. En el caso de la Manzana de las Luces, el Instituto de Apoyo administraba la playa de estacionamiento. En algunos casos no se halló constancia de qué organismo autorizó las explotaciones comerciales.

La información se da en el marco de las nuevas disposiciones que se publicaron en el Boletín Oficial y que prohíben a las asociaciones el cobro de bono contribución alguno para el ingreso a los museos.

Desde algunas asociaciones de amigos, en off the record, ayer sembraron dudas sobre cómo se instrumentarán los nuevos mecanismos de administración y si los fondos que se generen -con las nuevas concesiones directas- volverán efectivamente a cada institución.

En el contexto de las nuevas reglamentaciones y su implementación, ayer el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, y el secretario de Patrimonio, Marcelo Panozzo, se reunieron con la Asociación de Amigos del Bellas Artes.