El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado prisión incondicional para el expresidente madrileño Ignacio González, detenido el miércoles en la Operación Lezo por presunta corrupción en la gestión del Canal de Isabel II, tal y como había solicitado la Fiscalía, han informado fuentes jurídicas.

El presunto cabecilla de la trama que investiga la Audiencia Nacional desde 2015 ha negado, durante cerca de tres horas de interrogatorio, todos los hechos que le imputan y ha afirmado que siempre ha actuado en el plano de la legalidad, según fuentes de la acusación. El exmandatario regional será trasladado en las próximas horas a la cárcel de Soto del Real.

González habría desviado de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM), dependiente de la administración regional, un millón de euros para sanear las cuentas del PP de Madrid, según el juez Velasco. Fuentes jurídicas han señalado que entre los indicios delictivos que el juez de la 'Operación Lezo' atribuye al expresidente madrileño también está el cobro de una comisión de 1,4 millones de euros por parte de OHL que habría sido autorizada por Javier López Madrid, consejero de la constructora.

López Madrid ha sido igualmente detenido en esta operación. El magistrado ha acordado la puesta en libertad siempre que deposite 100.000 euros de fianza antes de las 12 horas del próximo 28 de abril. El pago de dicha comisión se habría llevado a cabo a través de un banco con sede en Suiza. El pago está vinculado, de acuerdo con las pruebas recabadas por la UCO y aportadas al sumario, con el fallido proyecto de unión ferroviaria entre los municipios madrileños de Móstoles y Navalcarnero.

Se da la circunstancia de que la ICM es una de las empresas públicas implicadas en el 'caso Púnica' por su mediación en los trabajos encargados al presunto 'conseguidor' de la trama, Alejandro de Pedro, para realizar trabajos de reputación online en beneficio de otros dirigentes del PP de Madrid.

El clan de Ignacio González, acusado de un quebranto de 23 millones de euros como mínimo a las arcas públicas

El clan de Ignacio González, acusado de un quebranto de 23 millones de euros como mínimo a las arcas públicas

El clan de Ignacio González, acusado de un quebranto de 23 millones de euros. Vídeo: Agencia ATLAS/EFE

El magistrado ha decretado también prisión sin fianza para el hombre de confianza de González en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez, que ha declarado hoy junto a González y otros cinco arrestados en la operación.

Para el hermano de Ignacio González, Pablo González, exdirigente de Mercasa, Velasco ha dictado prisión eludible bajo el pago fianza de 4 millones de euros y para su cuñado Juan José Caballero, prisión bajo fianza de 100.000 euros.

Prisión incondicional sin fianza para Edmundo Rodríguez

Prisión incondicional sin fianza para Edmundo Rodríguez

Prisión incondicional sin fianza para Edmundo Rodríguez. Vídeo: Agencia ATLAS/EFE

La investigación judicial señala a los dos últimos por su posición destacada dentro de un entramado al que se le atribuye, entre otros, el delito de organización criminal.

Concretamente, Pablo González y José Juan Caballero están acusados de ser los promotores de la construcción del campo de golf en Chamberí, en el centro de Madrid, tras una polémica venta de suelo hasta entonces propiedad del Canal de Isabel II. En esta operación también habría participado el expresidente madrileño, según los indicios que obran en la causa que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6.

Según la investigación judicial, Pablo González y José Juan Caballero crearon empresas 'ad hoc' primero para la construcción y, posteriormente, para la explotación y mantenimiento, de un campo de golf en Chamberí sujeto a una fuerte controversia, ya que contó con el rechazo de algunas plataformas vecinales y de partidos de la oposición que cuestionaban el procedimiento y utilidad de este tipo de instalación.

En el caso del ex consejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid José Martínez Nicolás, al igual que con el consejero de OHL Javier López Madrid, ha dictado su libertad bajo una fianza de 100.000 euros, que deberán pagar antes de las 12.00 horas del 28 de abril si no quieren ingresar en la cárcel.

De los siete arrestados que han pasado hoy a disposición del juez, que ayer tomó declaración a otros dos detenidos, ha quedado asimismo en libertad, y solo con la obligación de comparecer mensualmente en el juzgado, Clarisa Guerra, secretaria de Edmundo Rodríguez.

Ayer, el juez ordenó el ingreso en prisión eludible con fianza de 4 millones de euros para la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond, y de 100.000 euros para el exgerente del Canal Adrián Martín.

En este caso se investiga un supuesto desfalco a las arcas públicas de al menos 23 millones de euros relacionado con el Canal de Isabel II, así como la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. El juez investiga delitos de organización criminal, blanqueo, falsificación, prevaricación, malversación y fraude.Prisión sin fianza para la mano derecha de González

El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado este viernes el ingreso en prisión sin fianza para Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente ejecutivo de la Empresa Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa), filial del Canal de Isabel II, en el marco de la investigación abierta sobre presuntas irregularidades en la empresa pública madrileña de gestión del agua.

Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte en Latinoamérica del expresidente madrileño Ignacio González, ocultó en un banco suizo una cartera de fondos valorada en 402.239 euros, que regularizó en 2012 acogiéndose a la amnistía fiscal.

Así consta en uno de los autos de registro dictados por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, al que ha tenido acceso Efe, y en el que se detallan algunos de los indicios contra Rodríguez, cesado hace un año como presidente de Inassa, la filial latinoamericana del Canal de Isabel II.

El que fuera uno de los máximos responsables del Canal en Latinoamérica ha declarado ante Velasco después de que lo hiciera su exsecretaria Clarisa Guerra, que ha quedado en libertad aunque deberá comparecer mensualmente en los juzgados.