Los separatistas que rigen las instituciones autonómicas de Cataluña no tienen bastante con la impunidad y con la financiación –indirecta pero decisiva– que viene otorgándoles el Estado español: este lunes, cuatro días después de reiterar su desprecio al ordenamiento jurídico con la convocatoria de un nuevo referéndum ilegal para septiembre de 2017, el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, no ha tenido mejor ocurrencia que invitar al futuro Gobierno de la Nación a negociar la fecha, las condiciones y la pregunta de la nueva consulta secesionista.
Si ya es lamentable la pusilánime condescendencia de la clase política española ante el proceso separatista iniciado en 2012, los separatistas ahora aspiren a transformarla en activa complicidad. No otra cosa es aspirar a que el Gobierno participe en la elaboración de la pregunta, siempre con el acuerdo de que la respuesta se interpretada como un sí o un no a la independencia de esa parte de España. Así, el tan golpista como trilero presidente regional de Cataluña accedería a que el Estado preguntara, por ejemplo, sobre la conveniencia de "una reforma de la Constitución", pero siempre y cuando acordaran "qué significa votar sí o no" en términos de sí o no a la independencia del Principado.
Con semejante propuesta, Puigdemont deja en evidencia el bochornoso concepto de democracia de los secesionistas. Por un lado, jamás otorgaría el falso derecho de autodeterminación a Barcelona, a Tarragona, a Sabadell o a cualquier otra parte de Cataluña; pero pretende que los ciudadanos de esa determinada parte de España que es Cataluña decidan por el conjunto de los españoles sobre cuáles deben ser las nuevas fronteras del país. No contento con ello, Puigdemont tienta al Gobierno con una consulta legítima –como sería la destinada a valorar en toda España una determinada reforma constitucional– para, en realidad, consultar únicamente a los catalanes sobre la posibilidad de dinamitar lo que sustenta la entera Constitución, que no es otra cosa que la soberanía nacional, única e indivisible.
Puigdemont ha tenido, además, la desvergüenza de reprochar al Gobierno el no abordar el desafío secesionista catalán como "un asunto político" y "despacharlo en manos de jueces y fiscales".
En Libertad Digital hemos reprochado al Gobierno que no combata el secesionismo también en el ámbito de las ideas y le permita desviar dinero del contribuyente al montaje de onerosas e ilegales estructuras de Estado. Ahora bien, por mucho que la lucha del Gobierno contra el secesionismo se haya limitado a presentar recursos ante los tribunales para luego no atreverse a hacer cumplir las leyes ni las sentencias, no hay que olvidar que ha sido el Gobierno regional en rebeldía el que se ha impuesto como principal objetivo político un largo proceso delictivo destinado a lograr "la desconexión de Cataluña del Estado" y la creación de una república independiente. Quienes llevan, en definitiva, su quehacer político al ámbito judicial no son los gobernantes de España sino los golpistas separatistas que vulneran la ley.
Ya es bochornoso que los golpistas hayan encontrado la complicidad –por otra parte, previsible– de un partido como Podemos, que votará en contra del suplicatorio que el Tribunal Supremo va a pedir al Congreso para poder abrir procedimiento contra Francesc Homs, sobre quien se aprecia delitos por la organización de la consulta secesionista del 9-N. Pero el colmo es que Puigdemont busque también la complicidad del resto de una clase política española que, ciertamente, tendría que hacer más, mucho más, contra el secesionismo catalán que presentar recursos judiciales.