Un informe del Tribunal de Cuentas sobre el consejo de administración de Patrimonio Nacional ha hecho públicas serias irregularidades en la gestión y contabilidad en este organismo autónomo pero dependiente del Ministerio de Presidencia.
El documento, al que ha tenido acceso El País y el primero que elabora la entidad fiscalizadora sobre Patrimonio Nacional, analiza a lo largo de 119 folios la gestión de esta firma pública durante el ejercicio 2013.
El informe revela una serie de irregularidades demoledoras. Así, se desprende que vocales del Consejo de Administración cobran dietas por ir a reuniones (900 euros por cada una) a las que no asisten, hay descontrol en las recaudaciones de las entradas a museos de palacios y templos religiosos; cesiones gratuitas de bienes públicos a terceros a cambio de nada, descontrol en el inventario de muebles e inmuebles y también deficiencias en traslados de obras de arte. Otro de los datos obtenidos del informe hace referencia a piezas de valor que se han perdido y otras cuyo paradero se ignora, según se desprende del amplio informe que ha elaborado el departamento que dirige la vocal Enriqueta Chicano.
El tribunal señala que ha observado “numerosos errores y circunstancias que ponen de manifiesto debilidades del control interno en prácticamente todas las áreas de gestión” de este organismo público.
El informe también advierte de “debilidades” en las herramientas o aplicaciones informáticas de que se sirve Patrimonio Nacional para controlar sus bienes. Se trata de las denominadas aplicación Goya (que contiene la base de datos de los bienes muebles histórico-artísticos), de Gespre (gestión presupuestaria), Flippo (nóminas de los empleados), Gespou (existencias), Gesfincas (arrendamientos) e Ibis (catálogos de las reales bibliotecas), entre otros.
El presupuesto de Patrimonio Nacional, con una plantilla entre funcionarios y personal laboral cercana a las 1.400 personas, fue de 113 millones de euros en el ejercicio fiscalizado, el de 2013.