“Un hombre gordo era el que nos violaba y después venían otros más menuditos”

Por primera vez en la historia de Guatemala, un grupo de mujeres indígenas lleva a juicio a militares por cometer delitos de esclavitud sexual y doméstica

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Las indígenas se tapan el rostro durante el juicio para resguardar su identidad. Estos pañuelos ya son una identidad en la lucha de las mujeres guatemaltecas

MTM

Petrona Choc es delgada, tienes las manos grandes y el cabello repleto de canas. Ella camina despacio y lleva una manta tejida de colores para tapar su rostro, porque quiere resguardar su identidad. Petrona no faltó a la cita que ha estado esperando durante 30 años, así que el pasado 3 de febrero se presentó ante el Tribunal de Mayor Riesgo “A” en la Ciudad de Guatemala y rompió el silencio. Esta mujer de la etnia q´eqch´ es una de las 11 indígenas que denunció a las fuerzas militares por cometer delitos de guerra como violación, esclavitud sexual y doméstica.

“Un día llegaron los soldados y uno de mis hijos dijo: ahí vienen los soldados, hoy vamos a morir (…) reuní a mis hijos y les dije que huyéramos a la montaña otra vez, íbamos huyendo cuando escuchamos el tronar de los disparos y ahí murió mi esposo”. Desde aquel momento, Petrona debió esconderse en la montaña durante varias semanas, pero el frío y el hambre la obligaron a volver a su comunidad Sepur Zarco, donde ya habían en funcionamiento siete bases militares.

“Nosotros retornamos a la comunidad de Sepur Zarco y con mis hijos pequeños estuvimos caminando por tres días al tercer día fue que llegamos al destacamento y cuando llegamos nos arrodillamos en el suelo y empezamos a orar para que nos perdonaran y nos dejarán entrar a la comunidad y ahí nos aceptaron, nos quedábamos a dormir en la sombra de una de las casas del destacamento y en la noche los soldados llegaban a jalarme de una de las piernas y yo despertaba a mis hijos le decía ahí vienen los diablos me quieren llevar, y así era como nos íbamos protegiendo”

Petrona fue obligada junto a otras mujeres a trabajar como doméstica para los militares durante turnos de tres días seguidos. Ellas han relatado que recibían muy poca comida para sus hijos, y que muchas veces les dieron de comer carne de perro. Además dormían a la intemperie, y eran tratadas bajo amenazas y violencia.

“Ahí también nos violaron, grande fue el sufrimiento que nos causaron, y me decían que ya no había nadie que preguntará por mí. Muchas veces fui violada una de mis hijas también fue violada. Nos decían vayan a bañarse y después de que nos bañábamos un hombre gordo era el que nos violaba y después venían otros más menuditos…fue muy doloroso todo eso que nos sucedió. Nosotras fuimos obligadas a vivir como perros”

Estas mujeres ahora tienen entre 70 y 80 años, sus cuerpos aún no se reponen de las secuelas de aquel episodio, son analfabetas, y sólo hablan el q’eqchi ‘. Son ellas quienes han logrado que por primera vez en el mundo se lleve a cabo un juicio por delitos de lesa humanidad en una corte nacional, y no internacional.

Paula Barrios, directora de la asociación querellante Mujeres Transformando al Mundo señala que este juicio es una oportunidad para hacer justicia transformadora para las mujeres, y que pone en evidencia la utilización y el control del cuerpo de las mujeres en los contextos de guerra.

“En ese contexto de guerra el ejército los consideró sus enemigos. Las esposas e hijas de los hombres detenidos fueron consideradas mujeres solas, por lo tanto, disponibles, por ello se les violó sexualmente y se les sometió a servidumbre sexual y doméstica”

La invasión

Sepur Zarco es un poblado indígena al este de Guatemala, donde un grupo de líderes de la etnia q´eqch´ comenzaba a gestionar la propiedad de sus tierras ante el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA). Esta solicitud enfureció a los terratenientes, quienes decidieron pedir apoyo al gobierno nacional para frenar la posibilidad de que los campesinos lograran su objetivo.

Esto ocurrió en 1982, uno de los años más violentos del conflicto armado que mantuvo en vilo a Guatemala desde 1960 hasta 1936. Además, el dictador militar Efraín Ríos Montt había intensificado las operaciones contra indígenas a los que consideraba una población insurgente.

Los sobrevivientes han narrado que los militares llegaron a Sepur Zarco el 15 de julio de 1982 para saquear las casas, y obligar a los indígenas a construir el primer destacamento militar. En este proceso, los 15 líderes q´eqch´ fueron detenidos ilegalmente y desaparecieron.

La ola de violaciones comenzó cuando las mujeres se acercaron al destacamento militar para preguntar sobre el paradero de su esposo. La Fiscalía del Ministerio Público señala que casos como el de doña Dominga fueron uno de los primeros, y que luego sirvió para amedrentar al resto de mujeres y evitar así que protestaran.

Doña Dominga llegó a la base militar junto a sus dos niñas, al pedir información sobre su esposo, los militares la llevaron al centro del patio donde 10 militares la violaron frente a sus hijas, esposo y resto de mujeres. Luego, los soldados encarcelaron a Doña Dominga durante varias semanas, donde continuaron las violaciones y nunca más se supo de ella, ni de su familia.

En febrero del 2010, la fiscalía realizó una exhumación en el río Rojquipur, situado en Sepur Zarco y encontraron el cadáver de una mujer y dos niñas.

La desaparición de Doña Dominga sirvió para advertir al resto de los esposas. Así fue como 11 mujeres con sus hijos, fueron trasladadas como servidumbre a los comandos militares.

Durante seis meses, las 11 mujeres de Sepur Zarco fueron obligadas a servir dentro de los comandos policiales. De hecho, cuatro de ellas permanecieron retenidas como servidumbre durante seis años, hasta que cerró la base militar en 1988. El resto de indígenas huyó a las montañas, donde vieron morir a sus hijos de desnutrición y falta de medicinas.

El expediente de la fiscalía está lleno de testimonios de estas 11 mujeres – una de ellas murió en el 2015 – en los cuales se revela cómo eran rechazadas en otras comunidades por ser las viudas de unos “insurgentes”, y cómo eran medicadas por los soldados tras cumplir sus turnos de trabajo de tres días y de sobrevivir a los episodios de tortura sexual.

Romper el silencio

Felipe Sarti, de la junta directiva del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) explicó que una vez que se firmó el acuerdo de paz en Guatemala en 1996, comenzaron a visitar a las comunidades en las provincias más golpeadas durante el conflicto armado, como una estrategia de reparación nacional.

En este recorrido, el ECAP conoció el caso de Sapur Zarco, y decidió que la comunidad necesitaba iniciar un proceso de reparación psicosocial y de justicia. “El trabajo ha sido largo, hemos tenido que trabajar con las mujeres y los hombres sobrevivientes durante casi seis años hasta que finalmente decidieron romper el silencio, contar lo que había ocurrido y desligarse de la culpa, de entender que el problema no fueron ellas, ni ellos. Los militares sembraron mucho miedo, y costó mucho quitar ese miedo en el cuerpo y la mente de las mujeres sobrevivientes”.

En el 2009, ECAP junto a Mujeres Transformando el Mundo y la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), forman la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad y se querellan en el caso. Al año organizaron un tribunal simbólico, en el que las mujeres indígenas contaron por primera vez sus historias, y luego cogieron fuerzas para denunciar lo ocurrido ante el Ministerio Público.

Los acusados

En este caso hay dos detenidos. Uno de ellos es Estelmer Reyes Girón teniente coronel del Ejército de Guatemala, a quien se le acusa de asesinato (Doña Dominga y sus dos hijas), desaparición forzada, esclavitud sexual, esclavitud doméstica y violencia sexual.

Reyes, un hombre obeso y de gestos duros, dirigió el comando militar hasta 1983. Los testigos afirman que era “como un patriarca del pueblo”. A él acudían las familias para plantear sus problema, y luego él dictaminaba las soluciones.

Uno de los casos que expone el expediente del Ministerio Público es el de un hombre que le explicó al teniente Reyes que su esposa le había sido infiel. El militar ordenó al marido que llevara a su mujer hasta la plaza pública y la violara. Ante la negativa del hombre, Reyes ordenó a 10 soldados que cumplieran su orden contra la indígena.

El segundo detenido es Heriberto Valdez, comisionado militar al que la fiscalía le imputa la desaparición de seis campesinos, y la violación de dos mujeres indígenas durante operativos militares que se dieron en 1982.

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