Dos personas que habían sido condenadas por el papel que representaron en dos ataques talibanes diferentes han sido ahorcadas hoy en Pakistán. Las suyas han sido las primeras ejecuciones desde que, esta semana, como respuesta al ataque talibán contra una escuela de Peshawar en el que murieron al menos 142 personas, el gobierno levantó la moratoria de las ejecuciones para las personas juzgadas por delitos relacionados con el terrorismo.
“Resulta sumamente desalentador que el gobierno haya cedido al miedo y la ira y haya ejecutado hoy a dos personas. Pese a lo atroz que fue el ataque contra la escuela de Peshawar, sumar nuevos homicidios –esta vez a manos del gobierno– no es nunca la respuesta para luchar contra la delincuencia y el terrorismo”, ha manifestado David Griffiths, director adjunto del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
“Se trata de una reacción cínica por parte del gobierno. Enmascara la inacción a la hora de abordar el problema básico puesto de manifiesto por el ataque de Peshawar: la falta de protección efectiva para la población civil en el noroeste de Pakistán.”
Se cree que cuatro presos más corren peligro de ser ejecutados en las próximas 24 horas, después de que el ministro principal Shahbaz Sharif haya aprobado hoy nuevas enmiendas a la legislación del estado de Punjab.
“La pena de muerte viola el derecho a la vida, y nos preocupan enormemente las violaciones múltiples del derecho internacional que las autoridades están a punto de cometer al seguir adelante con su plan de ejecuciones”, ha manifestado David Griffiths.
En Pakistán, muchas condenas de muerte se dictan tras juicios que no cumplen las normas internacionales sobre juicios justos.
Hay cientos de presos más que corren peligro de ejecución inminente, ya que el Ministerio del Interior está ultimando la presentación al presidente de 547 peticiones de clemencia relacionadas, según se cree, con casos de terrorismo; el 18 de diciembre le presentó otras 120.
Entre quienes corren peligro de ser ejecutados se encuentra Shafqat Hussein, que tenía 15 años cuando se cometieron los delitos de secuestro y homicidio involuntario de los que fue declarado culpable.
“La enorme cifra de personas cuyas vidas corren peligro y la actual atmósfera en Pakistán convierten la situación en aún más alarmante. El gobierno debe detener de inmediato todos los planes de llevar a cabo más ejecuciones, y debe reinstaurar la moratoria de la pena de muerte”, ha manifestado David Griffiths.
