“Nos preocupa que la violencia que se ha vivido en el pasado continúe si no se introduce un proceso de consulta justo y equilibrado. También somos conscientes de que no se están respetando los derechos de los pueblos indígenas.”En muchos casos, las autoridades no han investigado a fondo las muertes y lesiones de quienes protestan contra proyectos mineros. El 13 de junio de 2012, la activista Yolanda Oquelí resultó herida de gravedad por los disparos realizados por dos atacantes no identificados. Yolanda Oquelí regresaba a su casa de una protesta en torno a una mina cuando dos hombres en una motocicleta le cortaron el paso y le dispararon con una pistola. Una bala la alcanzó y se le alojó cerca del hígado. Sobrevivió al ataque y optó por esconderse junto con su familia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno guatemalteco que brindara protección a Yolanda Oquelí y su familia. Aunque el Ministerio Público abrió una investigación sobre el ataque, hasta el momento no se ha llevado a nadie ante la justicia. “La violencia y la represión que han arraigado en torno a la minería en Guatemala no pueden continuar. El gobierno guatemalteco debe garantizar que aplica y respeta legislación para facilitar el diálogo y la toma de decisiones entre las empresas mineras, las autoridades estatales y la población afectada. A las comunidades se les debe proporcionar información completa y objetiva sobre los beneficios y riesgos de la minería, de una manera clara y culturalmente adecuada”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas. “También pedimos a los gobiernos de los países en los que tienen su sede las empresas de propiedad extranjera que actúan en Guatemala que vigilen y hagan rendir cuentas a sus empresas por el impacto de sus actividades en los derechos humanos, actúen donde actúen.”
Información complementaria
Muchas de las empresas más destacadas que operan actualmente en Guatemala son filiales de empresas canadienses. Guatemala sigue luchando por hacer frente al legado de abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996), un periodo en el cual murieron más de 200.000 personas, entre ellas unas 40.000 que fueron víctimas de desaparición forzada. Hoy día, los pueblos indígenas siguen sufriendo marginación económica y social. La tenencia de tierras es un problema especialmente importante, en el que las comunidades indígenas sufren la fuerte desigualdad respecto a la distribución de la tierra. En Guatemala, aproximadamente el 30 por ciento de la población vive en una pobreza extrema. Amnistía Internacional presenta hoy su informe La minería en Guatemala: Derechos en peligro con una delegación compuesta por Alex Neve, secretario general de Amnistía Internacional Canadá, Sebastián Elgueta, investigador sobre Centroamérica, y Tara Scurr, responsable de campaña sobre Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional Canadá.