El gobierno egipcio está aplicando más intensidad a su maniobra de estrangulamiento de la sociedad civil, ha advertido Amnistía Internacional en un momento en el que las ONG independientes del país se arriesgan al cierre si no se registran obligatoriamente antes del 2 de septiembre.
Todas las organizaciones no gubernamentales podrían ser clausuradas y posiblemente procesadas si no se registran para esa fecha en virtud de la draconiana ley de asociaciones.
“El final del plazo suena muy parecido a una sentencia de muerte para las ONG egipcias independientes. El ultimátum de las autoridades no tiene que ver con permitir a las ONG operar, sino que allana el terreno para cerrar las que son críticas con el gobierno”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Las autoridades egipcias deben retirar de inmediato el requisito de registrarse obligatoriamente, que viola las normas internacionales de derechos humanos.”
La organización también ha instado a las autoridades a que abandonen los planes de una nueva ley sobre ONG, que va a ser aún más represiva que la actual.
La actual Ley de Asociaciones (84/2002) exige a todas las ONG obtener un permiso del Ministerio de Solidaridad Social antes de registrarse. Este requisito es contrario a la obligación de Egipto, en virtud del derecho internacional, de respetar el derecho a la libertad de asociación. Además, contraviene la constitución egipcia, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a formar asociaciones simplemente notificándolo, sin necesidad de solicitar ningún permiso.
En la práctica, las autoridades han hecho caso omiso de las solicitudes de registro o las han rechazado, dejando a las ONG en un limbo jurídico que permitiría cerrarlas en cualquier momento.
A consecuencia de ello, muchas ONG han estado funcionando como bufetes de abogados o empresas sin ánimo de lucro.
La ministra de Solidaridad Social, Ghada Waly, en declaraciones al periódico económico Al Ahram, ha afirmado que el plazo ayudaría a supervisar a las organizaciones que operan ilegalmente en áreas mal definidas, como la de los derechos humanos y el fomento de la capacidad.
Las autoridades egipcias tienen un pésimo historial de represión de la libertad de asociación, dirigida especialmente contra las organizaciones de derechos humanos.
Entre sus tácticas está asaltar las oficinas de las ONG, cerrarlas, impedirlas registrarse y conseguir fondos, interferir en sus actividades y detener a su personal.
Desde 2011, las ONG egipcias han trabajado con los sucesivos gobiernos en la redacción de una ley de ONG que mejoraría la actual. Sin embargo, el actual gobierno ha dejado de lado todos los borradores anteriores y ha introducido un nuevo texto que va a ser aún más restrictivo. La ley prevista contempla la creación de una "Comisión Coordinadora” oficial que tendría derecho de veto sobre el registro, la financiación y las actividades de las organizaciones extranjeras en Egipto y sobre cualquier financiación extranjera de las organizaciones egipcias, lo cual supondría en la práctica cortar a las ONG sus canales de financiación.
La Comisión estaría formada por miembros del Ministerio del Interior y los servicios de Inteligencia General, y no estaría obligada a justificar sus decisiones.
La ley exigiría asimismo que las ONG obtuvieran la aprobación del gobierno para llevar a cabo cualquier investigación o estudio de campo. También se incrementarían las penas en caso de incumplimiento, que podrían llegar a tres años de cárcel y multa de más de 100.000 libras egipcias (14.000 dólares estadounidenses).
En virtud del nuevo texto legal, todos los fondos en manos de las ONG se considerarían dinero público y estarían sometidos a la inspección del gobierno. La pena por uso indebido o malversación de fondos es de hasta 15 años de cárcel.
El gobierno afirma que el proyecto de ley se aprobará una vez que se reúna el Parlamento.
“No cabe la menor duda de cuáles son las intenciones de las autoridades teniendo en cuenta su largo historial de represión de las organizaciones de derechos humanos”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui.
“Si Egipto quiere de verdad avanzar, las autoridades deben dejar de lado esta ley y proporcionar un entorno en el que se protejan los derechos humanos y las ONG puedan operar sin injerencias indebidas.”
Las organizaciones de derechos humanos que operan en Egipto han expresado su alarma ante la ley propuesta y ante la disposición de la ley existente que las obliga a registrarse.
“El gobierno está llevando al límite a las organizaciones de derechos humanos”, ha dicho Mohamed Lotfy, director ejecutivo de la Comisión Egipcia de Derechos y Libertades.
Lotfy ha añadido que actualmente las ONG están ante una disyuntiva nada envidiable: someter sus actividades a una ley represiva que les impediría trabajar libremente o enfrentarse a actuaciones legales que podrían tener como consecuencia cierres y encarcelamientos.
Otro representante de una organización de derechos humanos, que desea permanecer en el anonimato, dijo a Amnistía Internacional: “Estamos entre la espada y la pared: un plazo puesto con la intención de cerrar todas las ONG independientes y un proyecto de ley que daría a las fuerzas de seguridad carta blanca para reprimir cualquier ONG independiente y disidente”.
Amnistía Internacional ha comunicado sus motivos de preocupación por la nueva ley en un memorándum que ha hecho llegar a las autoridades egipcias el 14 de agosto de 2014.
