El Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) adeuda 100.765 euros al Ayuntamiento de Picassent por el IBI de los 222 pisos sociales que tiene en la localidad. La Generalitat no abona el Impuesto de Bienes Inmuebles de esos domicilios desde 2011, aunque en algunos casos el débito se alarga hasta 2008, tal como denunció ayer la alcaldesa, la socialista Conxa García.
El consistorio descubrió la deuda hace unas semanas, cuando los técnicos analizaban toda la documentación municipal de los últimos años en busca de posibles impagos y partidas de las que recortar. Al comprobar la recaudación se toparon con un agujero de miles de euros que procedía en su totalidad de los dos grupos de viviendas sociales que el Consell posee en Picassent desde hace décadas: Virgen de la Vallivana y les Palmeretes.
En todas las viviendas propiedad del Ivvsa (222 pisos), el IBI estaba sin pagar desde 2011, lo que ha generado una deuda de 100.765 euros que, con toda probabilidad, seguirá aumentado en breve. Y es que dentro de unas semanas se pondrá al cobro el Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente a este año 2013, que podría incrementar el débito en otros 50.000 euros al menos.
La Generalitat reconoce sin empacho la deuda con el Ayuntamiento de Picassent y anuncia que, actualmente, «no tiene dinero» para satisfacer los pagos, pero que lo hará en cuanto mejore su situación financiera, tal como apuntaron fuentes de la Conselleria de Territorio.
La alcaldesa de la localidad, Conxa García, se mostró ayer indignada con el adeudo del Consell por «las dimensiones que está adquiriendo». Y es que al municipio no sólo le faltan por cobrar los más de 100.000 euros del IBI, sino que también arrastra «un millón de euros en impagos diversos que se están reclamado a la Generalitat de manera constante desde hace tiempo». De momento, el consistorio tiene claro que seguirá exigiendo al Consell que satisfaga las facturas pendientes, aunque la mandataria admitió «no estar segura de continuar solicitando programas educativos como la escuela taller», porque «la conselleria no aporta ni un euro y al final es el ayuntamiento el que tiene que afrontar todos los gastos». Frente a ello, los beneficios que generan estas iniciativas de formación específica, ya que «enseñan un oficio a vecinos que de otra forma tendrían muy difícil acceder al mercado laboral, además de colaboran en su manutención de manera digna», señaló García.
