«No hay justificación legal ni legítima para unas instituciones que por definición bordean el límite de lo aceptable en materia de restricción de derechos fundamentales y de facto, en no pocas ocasiones, los desbordan». Así define el profesor Javier de Lucas los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). El catedrático de Filosofía del Derecho de la Universitat de València es prologuista del informe «¿Cuál es el delito?» sobre el centro de Zapadores de Valencia, elaborado por la Campaña por el Cierre de los CIE, plataforma que integra a una treintena de organizaciones sociales valencianas. En el documento, al que ha tenido acceso Levante-EMV, se detallan hasta 26 casos de malos tratos sufridos por internos del establecimiento por parte de los agentes de policía, que van desde «insultos, vejaciones, castigos colectivos» hasta «palizas».
Los CIE, como recuerda De Lucas, no son un establecimiento penitenciario, sino asistencial. Pero según los distintos informes que se vienen sucediendo desde que en 2009 el juzgado nº3 de Valencia permitiera la entrada de entidades sociales, la realidad se asemeja más a lo primero que a lo segundo. «Se infligen castigos colectivos, como sacarlos al patio en invierno a altas horas de la noche; les traen al centro sin sus pertenencias, pueden llegar a estar hasta 60 días sin ni siquiera cambiarse de ropa o lavarse los dientes. No tienen intimidad: a los hombres no les dejan ir al baño de noche, por lo que tienen que hacer sus necesidades en botellas de plástico delante de otros; a las mujeres les dejan ir al baño de noche a cambio de que limpien su celda», explica Ana Fornés, portavoz de esta plataforma y quien presentó el informe el jueves pasado en La Nau de la UV.
Entre las muchas irregularidades que estas entidades han detectado durante 2012 en Zapadores, a parte de las denuncias por maltratos de policías, destaca la continua falta de un plan «de género». Las mujeres cuentan con un módulo separado del de los hombres, «pero no tienen patio propio, por lo que si quieren salir tienen que hacerlo en el de los varones: en un ambiente penitenciario tienen miedo», indica Fornés.
Los internos se quejan asimismo de que en muchas ocasiones no entienden lo que les dice el personal sanitario, dada la falta de intérpretes. Según dicho documento, tampoco se les facilita directamente su informe médico y tienen restringido el acceso al sistema público de salud (porque en teoría en 60 días salen del país). «No se hacen parte de lesiones de las personas que denuncian malos tratos», indica Fornés.
Ansiedad ante la deportación
La función de estos establecimientos no penitenciarios es retener de forma cautelar y preventiva a los extranjeros que van a ser deportados por una falta administrativa (no un delito), como no tener permiso de residencia o de trabajo. Según Fornés, entre el 60 y el 65 % de los internos de Zapadores son finalmente deportados. La salida del país llega de manera inesperada, la mayoría de veces en mitad de la noche. «Esto les crea gran ansiedad, no pueden dormir pensando que en cualquier momento les van a sacar de la celda. No les dejan despedirse, les cogen en redadas, los meten en los CIE, los deportan por la noche y los dejan en aeropuertos sin ningún tipo de red de protección ni aviso a sus familias», explica Fornés.
El Día contra los CIE, que se celebró ayer en diversas ciudades, entre ellas Valencia (que alberga uno de los ocho centros que existen en toda España y de los 220 de la Unión Europea), sirvió para reivindicar una vez más su cierre. «No solo se trata de cárceles sin ningún tipo de regulación ni sujeción legal, sino que encierran un mensaje racista y genocida», argumentó a este diario la portavoz de la plataforma. « Se trata de centros invisibilizados», apostilló.
La situación de crisis ha agravado el número de inmigrantes que trabajan sin un permiso apropiado, pero aún así no ha aumentado el número de internos. «Se calcula que cerca de 1.500 personas han pasado en 2011 por Zapadores», indica Fornés. Los datos no son exactos, ya que las cifras del ministerio y de Extranjería no concuerdan, explica la portavoz. «No hay alternativas posibles a esta situación. Las organizaciones sociales no queremos colaborar con esta injusticia y los reglamentos no sirven. La única solución es cerrarlos», sentenció.
