El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite la querella que interpuso UPyD por la comercialización de preferentes de Bankia pero ha rechazado actuar contra el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el expresidente de la CNMV Julio Segura.
En un auto, en el que forma una pieza separada de la causa principal en la que investiga el agujero contable de la entidad, el magistrado considera que "debe romperse el mito de acudir preferentemente a la vía penal", cuando se puede obtener respuesta más rápida y eficaz ante la vía civil y contenciosa", pero ello "no puede servir de excusa para crear espacios de impunidad".
De esta forma, Andreu ha actuado en contra del criterio del fiscal, que informó que la comercialización de preferentes no constituyó delito, ya que ni hubo intención de engañar a los inversores ni "un plan diseñado y preconcebido" por parte de las entidades bancarias para alterar el precio de estos títulos.
Según especifica en el auto, el magistrado investigará por delitos de estafa, estafa de inversores, apropiación indebida, publicidad engañosa, administración fraudulenta o desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas a los responsables de los folletos de las emisiones de participaciones preferentes de Caja Madrid Finance Preferred S.A., Carlos Stilianopoulus; de Caja Madrid, Fernando Cuesta y Carlos Contreras; de Bancaja Eurocapital Finance, Aurelio Izquierdo; y de Bancaja, José Fernando García.
En contra de la Fiscalía
Andreu ha adoptado esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción le informara el pasado 31 de mayo que el lanzamiento y la venta de preferentes no constituye delito ni se puede determinar que hubiera "un plan preconcebido" para su gestión y diseño. "Nos encontramos con un producto que en sí mismo no puede considerarse fraudulento y que, a la fecha de su comercialización, se encontraba autorizado y regulado por la CNMV", señalaba el Ministerio Fiscal en cuatro escritos presentados al juez.
El magistrado basa su decisión, tomada contra el criterio fiscal, en que los delitos que se investigarán son competencia de la Audiencia Nacional ya que "las participaciones preferentes fueron adquiridas por una multiplicidad de personas que resultaron perjudicadas en su inversión habiendo perdido todo o parte del dinero que destinaron a la adquisición del producto".
Torres-Dulce defiende que se examinen las preferentes caso por caso
Por su parte, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha asegurado que respeta la decisión de Andreu de abrir una causa por la comercialización de participaciones preferentes y ha defendido el criterio mantenido hasta ahora de examinar caso por caso.
La posición de la Fiscalía, ha señalado Torres Dulce, es la misma: "examinar si ha habido conducta engañosa, que constituiría un delito de estafa y, de no ser así, examinar individualmente cada caso, como se está haciendo en Andalucía, Galicia o Madrid".
"Respetamos (las) decisiones judiciales sean favorables o desfavorables", ha señalado Torres Dulce a este respecto.
Espacios de impunidad
No obstante, precisa que este criterio basado únicamente en la eficacia y rapidez "lo es sólo en lo que se refiere a la reparación indemnizatoria y no puede servir de excusa para crear espacios de impunidad si es que se ha cometido algún ilícito penal".
En este sentido concreta que la tutela judicial debe amparar a quien acude a los tribunales a fin de que se investigue si en el lanzamiento de estos productos financieros pudiera haberse incurrido en delito.
El magistrado, que incorporará la querella a la causa principal en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia como una pieza separada.
Recuerda, además, a los perjudicados no tienen obligación de acudir a la vía penal y que tienen a su disposición las vías civil e incluso el arbitraje. "En la voluntad de los perjudicados se encuentra elegir que tipo de reparación pretenden ejercer", dice.
Explica también que por el hecho de incoarse un proceso penal no se limitan los derechos indemnizatorios de los posibles perjudicados sino que se les abre únicamente un camino mas para la satisfacción de sus derechos, "sin cegarse aquellas que ya están en su mano".
El juez debe aún pronunciarse sobre otras tres querellas, entre ellas una presentada por el movimiento 15-M y otra de un particular que solicita que se investigue al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa. Las denuncias también se dirigen contra "todos los consejeros y directivos de las anteriores entidades que hubieran intervenido, consciente y deliberadamente, en el diseño, implantación y comercialización de las participaciones preferentes y otros instrumentos híbridos".
