Cáritas Diocesana de Valencia atendió el pasado año a 101.775 personas, de las cuales cerca de 30.000 son menores de edad, según revela la memoria de esta institución, que advierte de una notable pérdida de derechos sociales básicos, especialmente en materia de atención sanitaria y dependencia.
Según refleja el informe anual presentado hoy por la secretaria general de esta organización, Fani Raga, el número total de personas atendidas ha crecido un 9% respecto a 2011 y un 150% desde 2007, año en el que se estima que comenzó la crisis.
Entre las principales causas de este incremento figura el "proceso sostenido de destrucción de empleo", que reduce de manera drástica las posibilidades de ingresos económicos en las familias, y el "agotamiento del sistema de protección social".
El porcentaje de nuevas personas atendidas se ha elevado al 34%, lo que según Raga confirma que las situaciones de pobreza se están haciendo crónicas.
El 71% de las que demandan ayuda son mujeres, aunque también ha aumentado el perfil de la pareja joven, y las situaciones más frecuentes son las peticiones relacionadas con la alimentación, la vivienda y el empleo.
Destacan además las solicitudes para hacer frente al pago de la hipoteca o para la compra de medicamentos.
Los extranjeros, especialmente inmigrantes sin recursos, siguen siendo el colectivo más atendido, si bien la cuota de españoles se ha elevado al 49%, diez puntos más que en 2011.
Según ha subrayado la portavoz, la crisis afectó en su comienzo a los sectores más vulnerables, "pero con el paso del tiempo son las personas españolas y de estrato social medio las que se están viendo abocadas a una pobreza que el sistema de protección no es capaz de paliar".
El informe manifiesta la preocupación de Cáritas ante lo que considera un proceso de "invisibilización de la pobreza severa" por "saturación y extensión de la misma a colectivos más amplios".
También advierte del elevado número de personas que "se están quedando sin atención sanitaria" debido al decreto del Gobierno autonómico que condiciona la prestación a la situación administrativa de los pacientes.
La "inquietud" de esta organización se extiende a la aplicación de la Ley de la Dependencia, ya que, según ha remarcado Raga, los beneficiarios han sufrido un recorte del 50 por ciento de sus prestaciones.
Para cubrir las demandas de ayuda, Cáritas invirtió el pasado año 2,7 millones de euros en ayudas directas a personas y familias, junto al trabajo de promoción, atención social y acompañamiento que realiza en los diferentes proyectos.
"Para nosotros no es una buena noticia atender cada año a más personas, es una muestra de que el Estado, la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos no están cumpliendo su función", ha señalado la directora de esta institución en Valencia, María de la Concepción Guillén.
"La gente se muere de hambre, pero nos ocupamos de los bancos", ha lamentado la directora, que ha insistido en su petición a las Administraciones Públicas para que "garanticen el acceso a los derechos básicos de toda la población".
