El diputado de Compromís Josep Maria Pañella vivió ayer una situación rocambolesca cuando acudió a la sede del Consell en Castelló a consultar los contratos suscritos entre la sociedad pública del aeropuerto, Aerocas, y la exgestora privada, Concesiones Aeroportuarias. Pese a que había concertada una cita, se le negó el acceso a los documentos con el pretexto de que la persona que firmó la solicitud no era él, sino su compañera Mònica Oltra. Pañella aseguró que lo sucedido supone una «agresión» al derecho de recibir información pública.
Acceder a los contratos del aeropuerto está resultando una odisea para Compromís. El Consell rechazó inicialmente el acceso a la documentación alegando que hay un proceso judicial en curso entre Aerocas y Concesiones Aeroportuarias. El gobierno valenciano hizo ver que la difusión de la información podría afectar al desarrollo de la causa.
El grupo parlamentario de Compromís replicó que el reglamento de las Corts le otorgaba derecho a esta consulta. Recordó que hay una sentencia del Tribunal Supremo que señala que la existencia de un proceso judicial no es obstáculo para que la cámara legislativa controle la acción del gobierno.
Después de esta advertencia, la Conselleria de Economía respondió al grupo parlamentario (no personalmente a un diputado) y dio cita para el día de ayer a las 11 de la mañana en la Delegación del Consell en Castelló. Allí se presentó Josep Maria Pañella y se encontró con la sorpresa de que no le dejaron acceder a la información. La justificación fue que la persona que había firmado la petición era la diputada Mònica Oltra, por lo que sólo se le facilitaría a ella. Pañella intentó sin éxito hablar con el delegado del Consell, Joaquín Borrás.
Compromís incidió ayer en que el reglamento de las Corts «deja bien claro en su artículo 12 que los diputados tienen derecho a recibir directamente, o por medio de su grupo parlamentario, la información y documentación necesaria para el desarrollo de sus labores».
A juicio de Pañella, «que lleven tanto tiempo con excusas y negativas, además de ser una falta de respeto institucional inaceptable, hace sospechar sobre qué quieren esconder. Si no hubiera nada que ocultar, nos habrían dado lo que hemos pedido». Compromís seguirá exigiendo la documentación.
El Santander medió en los estudios
La Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), empresa pública de la Generalitat Valenciana, contrató al Banco Santander para intermediar en el encargo del estudio de viabilidad del aeropuerto de Castelló a la empresa Mott McDonald en 2003. Un informe que preveía 600.000 viajeros en el primer año de explotación del aeropuerto, y por cada uno de ellos que no llegara a los 600.000, la administración debía pagar seis euros a la empresa gestora. Así lo indicó la exconsellera de Turismo Lola Johnson en una respuesta parlamentaria con motivo de una pregunta escrita formulada por la portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra. ep castelló
