Los seis jueces centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional contarán con un servicio de escolta durante seis horas al día, entre las 9.00 y las 15 horas, por la proliferación de protestas que se vienen desarrollando ante la sede del tribunal, especialmente las protagonizadas por afectados por las preferentes. El ajuste, llevado a cabo por el Ministerio del Interior, tiene el objetivo de garantizar que la entrada y salida de los seis instructores al tribunal se lleve a cabo con normalidad y sin incidentes por parte de los manifestantes que suelen concentrarse frente a la sede de la Audiencia Nacional.

El Ministerio del Interior precisó ayer que se trata de un "ajuste puntual y temporal" en el sistema de escoltas. De esta forma, recuperan su escolta los jueces centrales de Instrucción Santiago Pedraz, Ismael Moreno, Fernando Grande-Marlaska, Fernando Andreu, Pablo Ruz y Eloy Velasco, que perdieron este servicio en junio de 2012 tras el cese definitivo de la violenecia anunciado por la banda terrorista ETA.

Fuentes jurídicas indicaron que este ajuste en las medidas de seguridad no está relacionado con las manifestaciones del fiscal Carlos Bautista sobre una posible vuelta a la actividad de la banda terrorista ETA, sino que tiene que ver exclusivamente con las protestas que vienen desarrollando ante la sede los afectados por las participaciones preferentes de Bankia y otras entidades . Pedraz instruye las diversas causas sobre el Banco de Valencia y Andreu, las relativas a Bankia.

Por otra parte, El PP rechazó ayer en el Pleno del Congreso admitir a trámite una proposición de ley del Bloque Nacionalista Galego (BNG) sobre la solución a la estafa de las preferentes, alegando que se trata de un texto "redundante" que sólo "entorpecería los arbitrajes que ya están en curso".

La portavoz adjunta de los populares, Matilde Asián, defendió la posición de su grupo en contra de la iniciativa pese a que, ayer mismo, la propuesta sí fue apoyada por los populares en el Parlamento de Galicia. "No podemos estar sino de acuerdo con el objetivo de devolver el nominal a los estafados, pero vamos a votar que no porque es redundante e impreciso, ya que no establece qué mecanismo determinaría qué ahorradores no han recibido la información correcta", dijo.

La diputada del BNG, Olaia Fernández Dávila, defendió su proposición, que pasa por modificar la legislación vigente para que los estafados puedan recuperar la totalidad de su inversión más una indemnización.

El socialista Antonio Hurtado apoyó la propuesta y pidió "coherencia" al PP recordando la "indignación y la desesperación" que crece día a día entre los afectados porque "pasa el tiempo y se va empeorando su situación", y más aún tras conocerse que "los desmanes del sector financiero se financian a costa de los preferentistas". El representante de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, exigió una "solución real, universal, lo más rápida posible y definitiva" para estas personas, por "muy difícil" que sea discernir quiénes fueron estafados y quiénes no.