La inmensa bola de nieve en la que se ha convertido la actual deuda de la Generalitat valenciana impedirá que la pueda saldar el mandatario que salga de las urnas en los comicios de 2015. Ni tampoco el siguiente. Habrá que esperar, como mínimo, hasta dentro de dos décadas. A día de hoy, de hecho, el Consell arrastra un pesado lastre de 322 préstamos y emisiones de deuda con vencimientos de pago que, incluso, llegan hasta el año 2036, según consta en el plan de ajuste remitido por la conselleria de Hacienda a Cristóbal Montoro para justificar el acceso de la Generalitat a los fondos del «rescate» autonómico. Hay firmadas operaciones de tesorería con nada menos que 34 entidades financieras y el «agujero» se acerca a los 27.000 millones, la friolera de cuatro billones y medio de las antiguas pesetas. Una cantidad que equivale al presupuesto de dos años. Es decir, habría que parar durante un par de ejercicios la actividad de la Generalitat para abonarla de un plumazo. De operar con los parámetros de la empresa privada, el Consell, en estos momentos, sería propiedad de los bancos.

Los «números» que obran en poder de Montoro evidencian otra vez el colapso de la administración autonómica agravado todavía más, si cabe, por el recurso a los fondos de liquidez, que suponen, como ya avanzó este periódico, engordar aún más el endeudamiento y alargar la salida de la crisis. Sólo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de 2012, la Generalitat tendrá que retornar nada menos que 17.200 millones durante los próximos diez años. Ajustándose al listado remitido a Madrid, la Generalitat, con una información actualizada hasta finales del pasado mes de febrero, acumula el mencionada losa de 322 operaciones de crédito con entidades financieras. De ellas, un total de de 157 corresponden a la gestión de la administración autonómica por un importe que supera los 23.543 millones, unos cuatro billones de las antiguas pesetas. Mientras que otros 165 acuerdos firmados con los bancos por un valor de 3.442 millones tienen su origen en la gestión de empresas, fundaciones públicas e, incluso, de las universidades. De forma global, el «agujero» de todas las operaciones bancarias de la cartera de deuda de la Generalitat, de acuerdo con el detalle que figura en el documento enviado por el Consell a La Moncloa, alcanza los 26.988 millones, lo que supone cinco veces el presupuesto asignado a la conselleria de Sanidad -la que dispone de una mayor dotación económica en las cuentas autonómicas- para todo un ejercicio.

Veintitrés años de deuda

El detalle del listado, que ocupa once páginas completas de un documento de 59, revela que, de no mediar ninguna renovación de deuda -algo completamente imposible-, la Generalitat no acabaría de cumplir con los bancos hasta 2036, fecha en la que vencen las últimas cuotas de algunos préstamos. Pero, sin embargo, también destapa, precisamente, que, a día de hoy, todavía queda viva alguna operación financiera nada menos que de 1996, un año después de que Eduardo Zaplana llegara a la Generalitat después de la primera victoria del PP en unos comicios autonómicos. En la nónima de entidades con las que el Consell tiene contraídas deudas figuran los principales bancos de España (Santander, BBVA, Popular, SabadellCAM, Bankia...); entidades extranjeras como Deutsche Bank, uno de cuyos préstamos la Generalitat estuvo hace año y medio a punto de impagar; y también entidades de carácter público como el Instituto de Crédito Oficial o el Banco Europeo de Inversiones, dos de los principales acreedores del Gobierno de Alberto Fabra.

El documento revela, además, que los mercados se fían muy poco del Consell. Del detalle de las operaciones se desprende que, especialmente, en 2011, la Generalitat tuvo muchas dificultades para acceder al préstamo y que, cuando lo hizo, fue a intereses muy altos. Hay alguna operación, de hecho, concertada con un gasto financiero de hasta el 8%. Los fondos de «rescate», precisamente, se idearon para que el Estado avalara a las autonomías y que, de esta manera, pudieran conseguir liquidez a precios más baratos.

La tesis de la Generalitat valenciana es que prefiere deber a los bancos antes que a los proveedores y que, a medio plazo en función de la recuperación de los ingresos, será necesario poner en marcha un plan de amortización de deuda. Lo cierto, sin embargo, es que la situación condiciona por completo el margen de maniobra de la Generalitat. Primero y de forma prioritaria habrá que pagar a los bancos, como recoge el acuerdo al que llegaron el PP y el PSOE para cambiar la Constitución. Y sólo después de eso, vendrá lo demás.

"Con esta losa, Fabra no puede ayudar a los ciudadanos"

El vicesecretario de Economía del PSPV y diputado en las Cortes, Julián López Milla, apuntó que, a día de hoy, «la Generalitat está tan cargada de deudas que no puede ayudar a los ciudadanos». En opinión de López Milla, la gestión del PP desde 1995 «se salda con una pesada losa, que lleva camino de convertir la administración autonómica en una institución inviable». «Nuestra Comunidad -apuntó como esbozo de solución- necesita recibir del Estado al menos los mismos recursos por habitante que obtienen las demás mientras que Fabra sólo saca préstamos a Rajoy, que además debemos devolver pagando intereses».