La nueva Ley de Costas evitará la demolición de 3.000 viviendas ubicadas en dominio público marítimo-terrestre de la Comunitat Valenciana, en las que se estima que habitan unas 12.000 personas, ya que permitirá a sus propietarios ampliar la concesión de sus casas por otros 75 años.
La delegada del Gobierno de la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, ha explicado hoy las novedades más destacadas de esta reforma aprobada ayer por el Gobierno y ha incidido en sus beneficios para la protección del medio ambiente y los derechos de propietarios e intereses económicos de los establecimientos.
De hecho, el nuevo texto permitirá que 362 restaurantes y chiringuitos que se encuentran en dominio público marítimo-terrestre amplíen su concesión a 75 años y que puedan, al igual que los 67 hoteles en la costa, acometer remodelaciones para modernizarse sin implicar aumento de volumen ni superficie, según la delegada.
La nueva normativa también supondrá que se evite la demolición de 1.426 viviendas de Alicante (Serra Grossa y Santa Pola), Valencia (Oliva) y Castellón (Xilxes), debido a que han perdido su morfología de ribera de mar y por tanto, quedan excluidas del dominio público marítimo-terrestre.
Sánchez de León ha asegurado que la reforma de la Ley de Costas, que databa de 1988, se ha enfocado desde la "racionalidad, el sentido común y el realismo" y ha hecho hincapié en la "estabilidad y seguridad" que da a un sector que entre hoteles, restaurantes y chiringuitos factura más de 160 millones de euros y da empleo directo a mas de 9.000 personas en toda la Comunidad.
Según la delegada, la anterior ley era "insuficiente" e incluso "perjudicial" en muchos casos y la nueva norma "prohíbe" edificar en la costa y "frena el deterioro" de lo ya construido, ya que permite a los establecimientos modernizar sus construcciones, además de ofrecer "seguridad jurídica" a los propietarios de viviendas.
Ha destacado que "se anticipa a futuros problemas urbanísticos", ya que permite que se suspendan cautelarmente actuaciones urbanísticas que luego puedan llegar a ser demolidas por ilegales hasta que se pronuncien los tribunales.
Igualmente, por primera vez "discrimina" las playas urbanas de las vírgenes y mejora la definición técnica del concepto público marítimo-terrestre y permite excluir de este concepto a un total de 1.426 núcleos habitados "históricamente consolidados", 1.252 en la provincia de Alicante, 67 en la de Valencia y 107 en Castellón.
La delegada ha destacado que la reforma de la Ley de Costas "mejora la situación jurídica para los antiguos propietarios que se vieron privados de sus bienes con la Ley de 1988", ya que amplía la concesión de 30 a un máximo de 75 años, lo que impedirá que sus viviendas tengan que ser demolidas.
Además, permitirá que los propietarios de las concesiones puedan vender sus derechos, hipotecarlos o transmitirlos en herencia.
Asimismo, la ley prevé que los bienes en territorio de dominio marítimo-terrestre se inscriban en el registro de propiedades para su consulta por cualquier ciudadano.
Sánchez De León ha incidido en que el nuevo texto "fomenta" la actividad económica en la costa, ya que asegura la continuidad de los establecimientos, que podrán solicitar una prórroga de hasta 75 años en función del uso, previa acreditación de que no hay peligro para la protección medioambiental.
Con la nueva normativa, estos establecimientos con concesión administrativa podrán acometer reformas siempre que no superen el volumen y la superficie existente.
Para chiringuitos y merenderos temporales la normativa amplía a 4 años la concesión de la autorización, lo que agiliza el proceso y se remite al desarrollo del reglamento futuro en un plazo de seis meses para concretar las dimensiones y características que deberán tener.
Sánchez de León ha calificado de "ejercicio de irresponsabilidad" que el PSOE no haya apoyado la aprobación de esta reforma que "mejora las expectativas de ciudadanos, empresarios y medio ambiente".
