El TS ve escaso celo del fiscal en la absolución de Camps

El Supremo confirmó el pasado 9 de abril el veredicto del jurado que en enero de 2011 absolvió al expresidente de la Generalitat Francisco Camps y al ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa en la causa de los trajes del caso Gürtel, y hoy se ha hecho pública la sentencia que sustenta aquel fallo.

En esa sentencia absolutoria el Supremo rechaza las peticiones de la defensa de Camps de que no se considerase legitimada a la acusación popular para recurrir contra su absolución y, en este punto, aprovecha para defender la necesidad del "importante papel" de esta figura de acusación ciudadana para perseguir delitos.

Lo que caracteriza a la acción popular (que en este caso ejercía el PSPV-PSOE) es que "cualquier ciudadano, por el mero hecho de estar en la plenitud del goce de sus derechos, puede ejercitarla", dice el Supremo.

Más aún, expresa literalmente la sentencia del Supremo, cuando "en aquellos delitos que pueden infringir un bien perteneciente a la esfera o patrimonio social" se ha podido "observar un escaso celo por parte del Ministerio Fiscal a la hora de ejercitar la acción y sostener la acusación penal".

Cabe recordar en este punto que el Ministerio Fiscal no recurrió ante el Supremo la absolución del delito de cohecho pasivo impropio para Camps y Costa.

Por otra parte, la sentencia rechaza también los argumentos del PSPV-PSOE en su recurso contra la absolución y, así, no considera que existan contradicciones en el fallo del jurado, ni que la sentencia favorable al expresident y al ex secretario general del PPCV estuviera poco motivada.

"No puede exigirse a los ciudadanos que integran el Tribunal de Jurado el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que debe exigirse al juez profesional", señala en este punto el Supremo.

La institución del jurado impone "como inevitable, cuando de él se trata, la aceptación de un estándar de motivación de las resoluciones bastante menos exigente que el que rige para los demás tribunales", añade.

Pero además, es que las sentencias absolutorias "no necesitan motivar la valoración de pruebas" del mismo modo que las condenatorias, pues para no condenar "debería bastar con la expresión de la duda" aunque, eso sí, debe ser una duda razonable, dice también.

A partir de ahí el Supremo acepta cada uno de los razonamientos del jurado para rebatir las pruebas existentes contra los acusados y señala que estos ciudadanos deben referirse a hechos, para que sea luego el presidente del tribunal quien califique jurídicamente.

El fallo del Supremo se aprobó con el voto particular contrario del magistrado Joaquín Giménez, quien consideró que la sentencia absolutoria del jurado "es nula de pleno derecho por total ausencia de motivación".

El juez discrepante defendió la nulidad por la "clamorosa" falta de motivación

El magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez mantiene que la sentencia que absolvió al ex presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps en el llamado 'caso de los trajes' debió ser anulada y devuelta al Tribunal Superior de Justicia por su "clamorosa" falta de motivación. "No solo debe hacerse Justicia, sino parecer que se ha hecho", añade.

Giménez expresa esta posición en el escrito en el que argumenta el voto particular discrepante que interpuso contra el criterio de sus cuatro compañeros de la sala de lo Penal de confirmar la exoneración de Camps y del ex dirigente regional del PP Ricardo Costa de un delito de cohecho pasivo impropio.

Para el magistrado, la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, en la que se recogió el fallo absolutorio alcanzado por un jurado, debió ser "nula de pleno derecho" por su "total" ausencia de motivación. Apostaba así por su devolución al magistrado que presidió el juicio y que, realmente, se limitó a emitir "un acta" de un único fundamento jurídico con la decisión del tribunal popular.