La empresa de la que es socio el concejal popular de Catarroja Sigfrido Ribes Olmos, en el gobierno local, debe más de 38.000 euros del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana al ayuntamiento, correspondientes al edificio industrial que construyó en un solar municipal al que accedió a través de una concesión administrativa durante el pasado mandato.
Por ello, la alcaldesa popular Soledad Ramón ha remitido un requerimiento a esta firma en el que le reclama el pago en 20 días de la cantidad que adeuda y le advierte que, de lo contrario, procederá a retirarle la concesión.
La parcela dotacional está situada en la calle 26 del sector Pereta, en el área industrial. Hace unos siete años fue adjudicada la empresa de la que es socio el edil, cuando todavía no era miembro de la corporación, para la construcción de un edificio industrial de servicios. Con todo, la firma ha acumulado impagos de IBI superiores a 38.000 euros.
En la resolución que firma la alcaldesa, se alega que según el pliego de condiciones técnicas, jurídicas y económico-administrativas para la concesión del uso privado de la parcela, "debe estar al corriente en el pago de los tributos municipales y otros ingresos de derecho público o privado relacionados con la efectiva prestación de los usos objeto de la instalación".Por ello, la alcaldesa comunica a la firma que en este pliego se incluye una cláusula de extinción de la concesión en la que se especifica que el impago de tributos "es causa de la resolución del contrato". De ahí que se de un plazo a la firma de 20 días hábiles para que pague -que ya han pasado- con la advertencia de que "una vez transcurrido el plazo señalado sin haber satisfecho la deuda se iniciarán los trámites oportunos para extinguir la concesión".
El gobierno local explicó ayer que el requerimiento "forma parte de un proceso administrativo normal cuando se produce un impago en el que no se hacen excepciones".
El PSPV considera que la medida puede acarrear consecuencias negativas. "En lugar de solucionar el problema de forma transparente por ser socios de la empresa un concejal del PP, lo ha complicado aún más", creen. Para el portavoz Alberto Gradolí, ya que sólo han transcurrido siete años de la concesión, "aun existiendo culpa de la empresa y previo descuento de daños y perjuicios, el ayuntamiento tendría que indemnizar una cantidad inimaginable", además de que "detrás hay una entidad financiera que lo tutelaría para preservar sus derechos".
La empresa de la que es socio el edil del PP ya fue noticia hace meses porque se le había concedido la licencia de apertura y ocupación pese a tener los informes en contra. Como denunció el pasado octubre el PSPV, los técnicos realizaron un informe que incluía hasta siete reparos para la concesión de la licencia.
