El pleno de Les Corts ha aprobado hoy, con los únicos votos del PP, la ley de Medidas de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat, que reduce el número de sus entes y cuyo contenido ya se aplica porque se basa en un decreto ley del Consell de octubre.

El PP ha rechazado las 150 enmiendas de la oposición a esta ley, que pedían medidas como la paralización de los despidos colectivos en las empresas públicas, la disolución de la Universidad Internacional Valenciana (VIU), reducir al mínimo los miembros de los consejos de administración, o estudiar la viabilidad de Aerocas.

La oposición ha considerado que esta ley supone "el desmantelamiento y la privatización" de un sector público que el PP previamente "hinchó" con sus "amigos", mientras que el PP ha defendido que se trata de una solución "valiente" a un sector público que estaba "reventando las costuras de la Generalitat".

El diputado del PP Rubén Ibáñez ha defendido que esta norma es una "oportunidad única" de hacer "más sostenible" la Administración, ya que reduce un 61 % los entes públicos, y ha resaltado que desde que hace dos años comenzaron las medidas para este proceso ha habido un ahorro de 1.365 millones de euros.

Ha destacado que "el verdadero corte de cirugía" de esta reestructuración se ha dirigido a las entidades de derecho privado, pues las fundaciones se reducen un 75 %, mientras se preserva el sector público, y ha aludido a los "sufrimientos y sacrificios" de la sociedad valenciana si no se hubieran tomado estas decisiones.

El socialista Francisco Toledo ha indicado que la "demora" del Consell en reestructurar este sector ha supuesto 3.000 millones de euros; ha pedido que se "meta la tijera" en las entidades dedicadas a gestionar "los caprichos del PP", y ha denunciado que en esos consejos de administración hay 130 personas nombradas de forma "discrecional por el PP".

Ha indicado que, en 16 años de gobierno del PP, se han multiplicado por cinco las transferencias a las entidades públicas, por seis las pérdidas y por treinta la deuda a largo plazo, hasta los 10.700 millones de euros, y ha dicho que el gasto en personal representa solo el 10 % de estas entidades, mientras se "despilfarra" en el otro 90 %.

El portavoz de Compromís, Enric Morera, ha calificado de "pérdida de tiempo" que se debata algo que ya se está aplicando y que cuenta con dos sentencias judiciales que anulan los ERE en Vaersa y la Agencia Valenciana de Movilidad, y ha lamentado que el PP mantenga a "3.000 enchufados" mientras despide a quienes ganaron su plaza.

El diputado de Esquerra Unida Ignacio Blanco ha dicho que es una ley de "desmantelamiento y privatización", como evidencia la disposición que fija que en el plazo de nueve meses se presentará un plan de actuación para desarrollar mecanismos de colaboración público privada en el sector público empresarial.

Blanco ha rechazado el "genocidio laboral a gran escala" del sector público, donde irán a la calle entre 4.000 y 5.000 empleados, y ha reclamado un sector público más fuerte.

Ibáñez ha replicado que el Consell ha actuado con "responsabilidad" y ha dado una solución al sector público, que ha servido, por ejemplo, para propiciar la construcción de un colegio a la semana.