La intendente del Palau de les Arts, Helga Schimdt, ha asegurado hoy que Orange Market "jamás entró" en este coliseo, en referencia a los contratos suscritos por diversos organismos públicos de la Generalitat con esa empresa de la trama Gürtel con motivo de la Feria Fitur en 2009.
Schimdt, que ha confirmado su renovación como máxima responsable del Palau de les Arts Reina Sofía por cuatro años más, ha declarado hoy como testigo en el Palacio de Justicia de Valencia ante el magistrado que instruye la rama valenciana del caso Gürtel, José Ceres, durante unos veinte minutos.
La intendente ha dicho a los periodistas que le ha dejado "muy claro" al magistrado que las contrataciones con Orange Market para diseñar y desarrollar la presencia del Palau de les Arts en Fitur 2009 se produjeron de forma ajena a la dirección del auditorio operístico y "directamente con la Feria de Madrid".
"Orange Market nunca ha entrado en el Palau de les Arts", ha reiterado. Su declaración se enmarca dentro de la pieza número 5 de la causa conocida como "Gürtel-Financiación", que investiga posibles irregularidades en las contrataciones públicas realizadas por los gestores de Orange Market (y otras empresas del grupo de Francisco Correa) con la Generalitat y sociedades públicas.
La supuesta financiación irregular del Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha provocado la apertura de un total de seis piezas separadas.
La primera, sobre supuesto delito electoral en las elecciones municipales y autonómicas de 2007, y la segunda, sobre presunto delito continuado de falsedad documental relacionada con los actos de este partido durante las elecciones generales de 2008.
La tercera, sobre posible prevaricación y cohecho en la contratación de la Generalitat con Orange Market por el pabellón de Fitur entre 2005 y 2009, y la cuarta, sobre presunta prevaricación y cohecho en la contratación de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) con la mercantil Teconsa para la cobertura de la visita del papa a Valencia en julio de 2006.
La quinta pieza investiga un supuesto delito de prevaricación en la contratación entre la Generalitat y Orange Market y las sociedades vinculadas al Grupo Correa, mientras que la sexta es sobre supuestos delitos contra la Hacienda Pública que pudieran atribuirse a Orange Market o alguna de las sociedades vinculadas a ella.
