Con menos flema que en su anterior visita al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), cuando estaba citado a declarar por su presunta implicación en los presuntos amaños del PGOU de Alicante y optó por guardar silencio, el diputado autonómico Luis Díaz Alperi compareció ayer de nuevo ante el máximo órgano judicial de la Comunitat Valenciana, donde declaró durante casi dos horas ante el magistrado Antonio Ferrer, para responder de tres delitos fiscales, falsedad en documento mercantil y cohecho impropio después de que la Agencia Tributaria le haya detectado ingresos de origen desconocido por cerca de dos millones de euros, una cantidad de la que el exprimer edil tampoco aclaró ayer su procedencia.

Con chaqueta azul, pantalón gris y corbata malva a juego con el pañuelo que asomaba de su bolsillo izquierdo, el político del PP vino a ratificar todos los hechos recogidos en el informe de Hacienda que dio lugar a la denuncia presentada por la Fiscalía Superior pero con una interpretación diametralmente opuesta: donde el Ministerio Público ve una simulación de negocios para ocultar el pago por parte del propio Alperi de una deuda de más de un millón de euros contraída por una promotora de su propiedad antes de que accediera a la Alcaldía, el diputado habla de un contrato privado para recurrir el abono de la sanción que implicaba la presentación del aval que después sirvió para saldarla. Aval que el diputado garantizó con un pagaré del que, pese a su cuantía, no se gestionó su cobro, un extremo que consta en la denuncia y que ayer tampoco fue explicado.

Algo parecido ocurrió con el catamarán valorado en más de 850.000 euros que tanto Hacienda como la Fiscalía consideran propiedad del exregidor aun cuando estuviera a nombre de Andarx Business S. L. Una mercantil en la que el diputado figura como administrador único y de la que es socio el promotor Antonio Solana. El expresidente del Alicante C. F. (Solana) declaró ayer por estos hechos y coincidió con su compañero de imputación al asegurar que la embarcación era de la sociedad y que ambos, como socios, la usaban, aunque Alperi admitió que él un poco más que Solana.

Ambos imputados y presuntamente buenos amigos llegaron a la sede judicial por separado con veinte minutos de diferencia (el primero fue Alperi, que apareció poco después de las 9.30 acompañado de su abogado, el penalista Vicente Grima; después lo haría Solana intentando ocultarse tras el paraguas de su letrado, el inspector de Hacienda en excedencia Pablo Cardona) y explicaron que para la compra del barco cada uno aportó 200.00o euros (la parte del exprimer edil procedía de la venta de su anterior velero, según declaró) y que para el resto la sociedad solicitó un préstamo. Una explicación en la que tampoco coincide la acusación pública que mantiene que la presencia de Solana en este entramado sólo pretendía despistar sobre quién era el verdadero propietario de un catamarán que desde enero pertenece a la familia de un constructor de la localidad murciana de Los Alcázares y a cuya venta, ahora investigada para determinar si es real o ficticia, también se referió ayer el exregidor para supuestamente aclarar que el dinero procedente de esta venta estaba ingresado, según precisaron fuentes próximas al caso.