El Decanato de los Juzgados de Valencia ha defendido la designación de peritos para la tasación del edificio ubicado en la calle Lauria, esquina con Colón, arrendado por Apple España, mientras que los propietarios alegan que se basa en supuestos y piden aclaraciones, según se desprende de las últimas diligencias practicas en el procedimiento. Así consta en la nueva documentación aportada a la causa que se sigue en el juzgado de Instrucción número 12 de Valencia, que investiga un presunto fraude por las tasaciones efectuadas respecto del edificio, en relación con una herencia millonaria de la que presuntamente resultó perjudicado uno de los hijos.

El caso se inició con la demanda interpuesta por un hombre heredero del edificio en el que se ha albergado Apple por presunto fraude en las tasaciones. El hombre tuvo que pagar unos 15 millones de euros a sus hermanos „coherederos„ para cumplir con las compensaciones de los bienes heredados. En el procedimiento figuran dos peritos imputados „un arquitecto de la Sociedad del Colegio de Arquitectos (Arquitasa) y un agente de la propiedad inmobiliaria (API)„, a los que la jueza ya ha pedido los seguros de responsabilidad civil. El seguro del arquitecto está concertado con la entidad Asemas.

El perito de Arquitasa tasó el inmueble de Valencia, del siglo XIX, en 36.082.225,15 euros, pese a que no lo visitó por dentro ni comprobó su verdadero estado, según mantiene el letrado de los propietarios, Mario Gil; por su parte, el perito inmobiliario rebajó esta cifra hasta los 32.157.584 euros. Sin embargo, el inmueble fue vendido a una sociedad por el precio de 18 millones, es decir, la mitad del precio en que el arquitecto imputado lo valoró.

Como consecuencia de la demanda, la jueza ha ordenado una serie de diligencias, entre ellas, recientemente ha solicitado al Decanato de los juzgados de Valencia que informara del motivo por el que se sustituyó a los dos peritos designados inicialmente, y que identificara a la persona responsable de esta decisión. La juez también requirió a la Policía Judicial que investigara en los servidores de correo electrónico de los que sean titulares los imputados.

«Turno riguroso»

Respecto a la primera solicitud, el Decanato ya ha enviado su informe. En el mismo, indica que el nombramiento de peritos se hace por «turno riguroso», y expone que se designaron en este caso a dos, «al remitirse dos peticiones». Al respecto, prosigue que la magistrada, al recibir estas designaciones «debió darse cuenta del error», y de ahí el oficio para solicitar aclaración.