El Gobierno estima ahora que la tasa de paro escalará al 27,1% al cierre de 2013, frente al 24,3% planteado anteriormente, aunque la tasa se moderará 26,7% en 2014 (23,3% planteado antes) y al 25,8 % en 2015 (21,8%), aunque se seguirá destruyendo empleo tanto en 2013 como en 2014, el 3,4 y el 0,4 %, respectivamente.

Así, la tasa de paro bajará el año que viene por primera vez desde el comienzo de la crisis en 2007, gracias a que la economía volverá a generar empleo en 2014, según las estimaciones del Gobierno.

Por otra parte, el Ejecutivo prevé que la economía caiga este año el 1,3 %, frente al 0,5 % inicialmente pronosticado. De acuerdo con la actualización de las previsiones macroeconómicas recogidas en el Programa de Estabilidad aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, la economía volverá a crecer en 2014 a una tasa del 0,5 %, en tanto que en 2015 avanzará el 0,9 % y en 2016, el 1,3 %.

Objetivo de déficit del 6,3% para 2013

El nuevo paquete de reformas económicas presentado en este Consejo Ministros intenta convencer a Bruselas de la necesidad de rebajar el objetivo de déficit para este año. En este sentido, el Gobierno de Mariano Rajoy planteará a Bruselas un déficit del 6,3% para este año y del 5,5% en 2014, según consta en la revisión del programa de estabilidad que enviará a la Comisión Europea antes de que acabe el mes.

La nueva cifra, que Bruselas deberá calibrar, es bastante superior a la anterior (4,5%) y permitirá al Gobierno cierto alivio en el proceso de consolidación fiscal, aunque obligará a realizar un ajuste de unos 10.000 millones de euros este año.

Para el año que viene, el Gobierno propondrá un déficit del 5,5% frente al 2,8% previsto anteriormente. En 2015, la previsión de déficit es del 4,1%, con lo que no bajará del 3% hasta el año 2016, cuando espera situarlo en el 2,7%.

El Gobierno enviará a Bruselas el nuevo programa de estabilidad junto al cuadro macroeconómico actualizado y el plan nacional de reformas para que la Comisión decida finalmente si da más tiempo a España para cumplir el pacto de estabilidad y crecimiento.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reafirmó la "absoluta necesidad" de reducir el déficit público para salir de la crisis, y detalló que el objetivo es hacer compatible la senda "ineludible y positiva" de reducción del déficit público con la recuperación económica.

Montoro señaló que pedirá este año a las comunidades autónomas un déficit del 1,2%, frente al 0,7% fijado anteriormente. Para la Administración Central del Estado el objetivo de déficit es del 3,7% y para la Seguridad Social del 1,4%, mientras que las corporaciones locales cerrarán prácticamente en equilibrio presupuestario.

La deuda pública se dispara

La deuda pública española, que cerró el pasado año en el 84,2% del PIB, crecerá más de diez puntos entre este año y el próximo, y rozará el 100% en el horizonte de 2016, según el escenario macroeconómico incluido en el Programa de Estabilidad aprobado este viernes por el Consejo de Ministros.

En concreto, las nuevas previsiones del Gobierno apuntan a una deuda pública del 91,4% del PIB para este año, 4,2 puntos más respecto al cierre de 2012. Para el próximo año, el nivel de deuda pública subirá casi cinco puntos, hasta el 96,2% del PIB.

Este crecimiento de la deuda pública proseguirá en los siguientes ejercicios, hasta situarse en el 99,1% en el ejercicio de 2015. Las nuevas previsiones del Gobierno pronostican que la deuda llegará al 99,8% del PIB en 2016.

Veintidós reformas

El Gobierno ha impulsado este viernes 22 grandes reformas estructurales, en línea con la consolidación de las cuentas públicas, entre las que destacan la sostenibilidad del sistema de pensiones y la revisión de la tributación ambiental y de impuestos especiales.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado tras el Consejo de Ministros que ha aprobado el Plan Nacional de Reformas que el dato "dramático" de paro de la EPA "obliga a trabajar todavía más en el crecimiento económico para corregir los desequilibrios".

"Este es precisamente el momento de no cejar con determinación y empeño en las reformas y tratar de superar los desequilibrios de la economía que ayuden a revertir esa situación", ha dicho.

Ha recordado que desde el anterior plan nacional de reformas la economía ha vivido un entorno desfavorable, pero gracias al esfuerzo para reducir el déficit estructural y a los ajustes del 2012 el Gobierno se puede permitir ahora no pedir a los españoles "grandes esfuerzos" y no subir los grandes impuestos (IRPF e IVA), que además tratarán de suavizar "en tiempos venideros".

De este modo, no habrá "alteraciones en los grandes ejes" de política económica que se han planteado desde el primer momento.

No obstante, ha admitido que "falta mucho" para que las mejoras macreconómicas vividas se traduzcan en economía real.

Las nuevas reformas del Gobierno incluyen el saneamiento de las cuentas públicas con medidas de consolidación fiscal, especialmente en el ámbito de la seguridad social.

Para ello se comprometen a crear lo antes posible la autoridad independiente de responsabilidad fiscal para que pueda llevar a cabo sus tareas de cara al próximo año.

También se aprobará cuanto antes la ley de transparencia y acceso a la información pública y buen gobierno, así como el plan de lucha contra la morosidad en las administraciones públicas.

Se revisará la tributación con arreglo a criterios de convergencia europea en el ámbito de la fiscalidad medioambiental y los impuestos especiales, fundamentalmente.

El compromiso con la regulación del factor de sostenibilidad para garantizar el futuro de las pensiones, ha llevado a constituir una comisión que dará los criterios, ha recordado Sáenz de Santamaría.

También se abordará la ley de desindexación de la economía española, en línea con el acuerdo con agentes económicos y sociales. Se estableció un pacto de rentas, sobre el que se analizará la actualización conforme a un índice diferente del IPC de las rentas públicas, y que afectará especialmente a los contratos administrativos.

También se dará un impulso definitivo a la reforma de las administraciones públicas con dos elementos clave: la aprobación de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que servirá para ahorrar hasta 2015 casi 8.000 millones de euros y el informe de la reforma de las administraciones públicas antes del 30 de junio de 2013.

A partir de ahí se pondrán en marcha de inmediato algunas de sus medidas, fundamentalmente en el ámbito de la administración electrónica y simplificación de procedimientos.

Se aprobará además un plan anual de política de empleo y estrategia plurianual de activación para el empleo, que pasa por la evaluación de los efectos de la reforma laboral.

La ley de apoyo al emprendedor y a la internacionalización incluirá ayudas fiscales, como el régimen especial en el IVA, la reducción por inversión de beneficios, o la deducción por actividades de I+D.

Regulación de la 'segunda oportunidad'

También habrá nuevas medidas de impulso al mercado de renta fija, programas de reducción de cargas administrativas, y la regulación de la segunda oportunidad, así como medidas para impulsar la internacionalización de los emprendedores como la agilización de visados y autorizaciones de residencia para emprendedores extranjeros.

Además se aprobará por trámite de urgencia la ley de garantía de la unidad de mercado, tras identificar más de 50.000 normas que es necesario rearticular.

La ley de colegios y servicios profesionales buscará la simplificación y la apertura de actividades en nuestro país, mientras que se aprobará un código de buen gobierno corporativo para las empresas públicas españolas.

Impuesto a los depósitos

El Gobierno, además, prevé recaudar entre 250 y 300 millones con un impuesto sobre los depósitos bancarios que aplicará a las entidades financieras y que tendrá un "tipo muy moderado", según ha indicado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Montoro ha explicado que el impuesto sobre los depósitos recibirá otro nombre y ha garantizado que "no recaerá sobre los ahorradores", sino que se aplicará sobre las entidades bancarias.

"En España no se grava a los depositantes ni a los ahorradores", ha subrayado Montoro, quien ha detallado que el impuesto ya existe para gravar a las entidades bancarias en función de su volumen de pasivo, y lo que hará el Gobierno es aplicar "un tipo muy moderado" que armonice el mercado interior bancario de España.