El Ayuntamiento de Gandia --gobernado por el PP-- ha presentado una querella contra varios gestores del anterior gobierno gandiense --dirigido por el PSPV-- por la supuesta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude de subvenciones públicas en relación con el edificio Innova.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la Sala de lo Civil y Penal recibió "hace unos días" la querella presenta en nombre del Ayuntamiento de Gandia contra varias personas, entre las que se encuentra el diputado autonómico socialista Alfred Boix.

Asimismo, fuentes municipales han confirmado que la querella va dirigida contra el anterior consejo de administración de la empresa municipal Iniciatives Públiques de Gandia --incluido el exalcalde José Manuel Orengo-- por no construir el edificio de investigación Innova, para el que en 2008 el Ministerio de Industria concedió una subvención finalista de 5,1 millones de euros a esta empresa pública.

La querella ha sido turnada, se ha abierto rollo penal y le ha correspondido a la magistrada Pía Calderón la ponencia para que la sala decida si se admite a trámite y si se considera o no competente. Asimismo, se ha requerido al secretario primero de las Corts Valencianes, Antonio Clemente, que certifique la condición de diputado de Boix.

Según fuentes municipales se trata de una querella presentada por el consistorio contra el anterior Consejo de Administración de la empresa municipal Iniciatives Públiques de Gandia por no construir el edificio de investigación Innova. Los hechos se remontan a 2008 cuando el Ministerio de Industria, concedió una subvención finalista de 5,1 millones de euros a esta empresa pública, para la construcción del edificio, sin embargo, a día de hoy las obras están paralizadas.

Desde el Ministerio se ha reclamado al consistorio esta subvención y la Agencia Tributaria anunció la pasada semana que se le detendrá seis millones de euros de los tributos estatales del Ayuntamiento, para recuperar la ayuda.

El alcalde de Gandia, Arturo Torró, ya anunció el pasado mes de octubre que se iba a presentar una denuncia ante la Fiscalía --que se interpuso en su día-- y ante los tribunales contra el consejo de administración de la empresa IPG, que incluía una decena de personas, entre ellas el diputado Alfred Boix y el excalde José Manuel Orengo. Torró ha culpado, en reiteradas ocasiones, al anterior gobierno municipal de gastar el dinero de esta concesión en otros asuntos y no en la construcción del edificio como estaba destinado.

CONFIANZA EN LA JUSTICIA

Torró ha manifestado este martes en un comunicado que la Justicia "es la garantía máxima de la democracia" y que confían "plenamente en ella". "Ya en su día este Gobierno manifestó la intención de presentar una querella, una vez recopilada la documentación oportuna, es por ello que la Justicia es quien tiene la potestad de actuar y este Gobierno de respetar sus decisiones", ha indicado.

Por su parte, el portavoz del PSOE de Gandia y ex alcalde José Manuel Orengo, también ha asegurado en otras ocasiones que fue el actual alcalde Arturo Torró quien paralizó las obras y quien ha gastado el dinero de la subvención.