La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha defendido hoy que ante la actual coyuntura económica, la Generalitat va a apostar por "potenciar la vertiente más social" del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), frente a "planes de maquillaje".
Bonig ha presentado las líneas maestras de la nueva política de vivienda pública, que incluye medidas como el programa extraordinario de alquiler de interés social, del que ha defendido su efectividad frente a iniciativas como las aplicadas en Andalucía o Cataluña, que a su juicio no sirven para "solucionar el problema".
El Gobierno valenciano "va a seguir apostando por la gente" y la mejor manera de hacerlo es poniendo a su disposición "el patrimonio valenciano", por lo que ha instado a la Junta de Andalucía a, en lugar de expropiar a los bancos las viviendas vacías, poner al servicio de los ciudadanos los 5.000 inmuebles que tiene sin ocupar.
En el caso del IVVSA, el número de viviendas sin ocupar asciende a 1.200, de las que 625 están en disposición de ser alquiladas una vez sean rehabilitadas mientras que el resto está ocupado ilegalmente o tiene algún trámite administrativo pendiente.
Estas cifras garantizarían que las 339 solicitudes que existen en el registro de personas afectadas por un procedimiento de desahucio estarían cubiertas, ha señalado Bonig, quien ha indicado que en 46 familias que han perdido su vivienda por un procedimiento de alzamiento ya han recibido un alquiler social.
La consellera ha aprovechado para hacer balance del programa de alquiler de interés social, que cuenta con un total de 4.008 viviendas, de las que 625 son de titularidad pública, 2.991 privadas pero incluidas en la Red Alquila, y 392 propiedad de Bankia pero gestionadas por el IVVSA.
Dentro de este plan, la Generalitat también ha reforzado los mecanismos para impedir la ocupación ilegal, que afecta a 299 inmuebles, y otras situaciones irregulares, como la morosidad que en septiembre de 2012 se cifraba en un 39 % de los 7 millones de euros anuales que el Consell cifra en concepto de alquileres sociales.
Esta cifra se ha rebajado al 30 por ciento en los últimos seis meses gracias a las nuevas actas de reconocimiento de deuda, que han firmado 964 familias, que en algunos casos tenían deudas de 25 y 30 años con la administración, y que ahora tendrán hasta cinco años para ir saldando a razón de 30 euros al mes.
"Si uno hace mal uso de la vivienda pública hay que tomar medidas", ha defendido Bonig, quien ha puesto el caso de un hombre de Elx, que ha acampado ante la sede de la Conselleria para protestar, y que según ha explicado debía 23.912 euros a la administración de una vivienda pública que compró en 1985, y que al no poder pagar se le transformó en alquiler social.
La consellera ha asegurado que desde Infraestructuras serán "flexibles" e intentarán llegar a "acuerdos" con las personas que no pagan sus alquileres, pero ha advertido de que si no existe voluntad de solucionar la situación se iniciará un expediente administrativo y un juicio rápido de usurpación.
Asimismo, ha informado de que el Gobierno valenciano tiene en marcha un plan de conservación y rehabilitación de su parque de viviendas, con una inversión de 5 millones de euros.
