El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha presentado este lunes en la reunión de la Permanente de la Comisión Ejecutiva Nacional del partido un borrador de la 'Propuesta de Reacción Democrática', compuesta por 75 medidas. Entre ellas, destacan la modificación del Código Penal para que contemple el delito de financiación ilegal de actividad política y electoral o la ampliación del plazo de prescripción de los delitos de corrupción.
Puig considera que "los políticos no ganaremos credibilidad hasta que tengamos claros gestos de transparencia y de apuesta por potenciar una mayor participación de los ciudadanos". En este sentido, ha planteado el borrador de la Propuesta de Reacción Democrática, según ha informado el PSPV en un comunicado.
Este documento será remitido posteriormente a todos los miembros del Comité Nacional para que hagan sus aportaciones hasta el próximo viernes, de forma que la propuesta definitiva pueda debatirse el sábado. En concreto, el borrador recoge unas 75 propuestas distribuidas en tres ejes: Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Reforma de los Partidos Políticos y Reconversión Institucional.
Entre las propuestas que figuran en el apartado destinado a la Transparencia y a la Lucha contra la Corrupción, Puig propone publicar anualmente la declaración de renta y de patrimonio de los cargos electos. Así, se prohíben expresamente los sobresueldos a cualquier cargo público y se contempla la firma, por parte de todos los cargos de un código de "ejemplaridad, ética y buen gobierno".
Otra de las medidas planteadas es un 'pacto empresarial por la integridad' para que todas las instituciones gobernadas por el PSPV firmen con las empresas contratistas un pacto por la transparencia, la ética y la integridad. En este apartado, contempla que se incorpore a representantes de la sociedad civil para la fiscalización de las mesas de contratación de las administraciones públicas.
El borrador plantea, además, modificar el código penal para regular la responsabilidad penal colegiada de los órganos directos de los partidos y la tipificación como delito de financiación ilegal de actividad política y electoral. También propone impulsar una ley para la protección del denunciante de prácticas corruptas e ilegales, tanto en la administración como en los partidos o en las empresas.
Asimismo, propone ampliar el plazo de prescripción de delitos de corrupción estableciendo un mínimo de 15 años. También apuesta por agilizar las acciones judiciales contra la corrupción y prever un procedimiento preferente y sumario en los delitos por corrupción política. Como medida complementaria, propone dotar de recursos y de mecanismos necesarios el poder judicial para la rápida investigación y procesamiento judicial. El borrador prevé la creación de una comisión autonómica de ética y transparencia.
Primarias abiertas a todos los ciudadanos
En cuanto a la reforma de los partidos políticos, el borrador apuesta por primarias abiertas a todos los ciudadanos. Para ello, se aboga por modificar la Ley de Partidos Políticos para hacer extensible a todos la elección democrática de candidatos a alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes, presidencia de comunidad autónoma y Gobierno central.
Otra de las propuestas contempladas en el borrador pasa por prohibir la financiación por medio de la donación a los partidos, fundaciones u organizaciones afines por parte de empresas y demás personas jurídicas.
El documento propone reducir la dimensión de la actual estructura de Administración General del Estado, para evitar duplicidades con la administración autonómica. Se aboga por convertir el Senado en una cámara de representación de los gobiernos autonómicos con votos ponderados en función de su población.
Que las CC AA decidan sobre las diputaciones
En cuanto a las diputaciones, se plantea la reforma constitucional para posibilitar que las comunidades autónomas puedan decidir en su territorio sobre la existencia o no, estructura y competencias, si es el caso, de las instituciones provinciales.
Ximo Puig también aboga por la reconversión de la Generalitat bajo los principios de "austeridad, eficacia y sostenibilidad financiera". Además, propone un plan de racionalización con la supresión de 147 altos cargos del Consell y la supresión de las sedes de las delegaciones de las provincias. Asimismo, se compromete a la recuperación de "los servicios públicos básicos privatizados".
Finalmente, se contempla la eliminación del veto o criterio preceptivo favorable gubernamental para la tramitación de ciertas iniciativas parlamentarias y se propone que un tercio de diputados firmantes sea suficiente para crear una comisión de estudio o de investigación. Los diputados del grupo del gobierno no podrán preguntar al presidente y será obligatorio facilitar los documentos y contratos públicos, propone.
Menos firmas para la ILP
En cuanto a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), el secretario general del PSPV plantea que se reduzca a 30.000 en el caso de la Comunitat Valenciana el número de firmas necesarias para presentar una proposición de ley y se plantea la creación de un comisionado parlamentario anticorrupción.
